El gobierno filipino abolió la pena de muerte

La presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo

Manila (ANSA)-. La presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, firmó ayer el decreto de abolición de la pena de muerte, lo que marca, dijo, "el fin de una era de justicia vengativa".

La mandataria, en su primer acto tras salir del hospital por una dolencia intestinal, ratificó así el proyecto en ese sentido aprobado en el Parlamento.

Arroyo firmó el decreto en un acto al que acudió acompañada por su esposo, Miguel Arroyo, y que contó con la asistencia de miembros de su gobierno, del Parlamento, representantes diplomáticos y religiosos.

La ley, votada por unanimidad a principios de junio por el Senado, anula automáticamente las sentencias a muerte a las que habían sido condenados unos 1.200 detenidos y la reemplaza por cadena perpetua.

Sólo siete ejecuciones fueron perpetradas en el país entre 1999 y 2000, antes de la entrada en vigencia de una moratoria decidida ante las presiones de los católicos, que son mayoría en el país.

Macapagal Arroyo dijo que la abolición "marca el fin de una era de justicia vengativa", luego de sostener en su gobierno, desde 2001, la negativa a aplicar la pena capital argumentada en sus creencias católicas.

La mandataria suspendió para mañana su audiencia con el Papa Benedicto XVI debido a su internación, el jueves por una dolencia intestinal, así como su visita a España.

La oposición criticó la decisión de la presidenta, a la que acusó de "oportunismo" para ganarse el apoyo de la influyente Iglesia Católica en la ex colonia española ante las acusaciones de fraude electoral y el reclamo de sus detractores para que renuncie.

La medida fue criticada también por organismos que reúnen a víctimas de secuestros y asesinatos pero la mandataria aseguró que la pena de muerte "mostró que no es útil a su principal objetivo de servir de disuasión para que no se comentan crímenes horrendos".

Con la eliminación de esta pena en Filipinas, son 54 países los que mantienen ese castigo -52 de las cuales integran las Naciones Unidas- y entre las 11 "democracias liberales" figura Estados Unidos, India y Tailandia.

También practican todavía la pena de muerte la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y Taiwán, esta última no reconocida por la ONU y considerada por China una provincia rebelde.

En el sudeste asiático la aplican Singapur, Malasia, Indonesia y Vietnam.

En el mundo en total alcanzan 125 países los que quitaron de su sistema de condenas la pena capital, aunque con aquellos que aplican una moratoria suman 140.

Según Amnistía Internacional, en 2005 al menos 2.148 personas (contra 5.523 en 2004) fueron ajusticiadas en 22 países, el 94% de las cuales en China (1.770), Irán (94), Arabia Saudita (86) y Estados Unidos (60).

El estado con más alto índice de ejecuciones respecto de su población, 4,4 millones de habitantes, es Singapur, con 420 ejecutados desde 1991 a ayer, en gran parte condenados por narcotráfico.