Rumí dijo que en caso contrario "se anima a cometer pequeños delitos, y es discriminatorio respecto a los españoles".
Asimismo consideró que la normativa actual es discriminatoria con los "inmigrantes regulares, que tienen que ir a la cárcel para cumplir la pena que les corresponda y después se les expulsa".
El gobierno anterior, presidido por el conservador José María Aznar, había incluido en el Código penal, en septiembre del 2003, un artículo que obligaba a los jueces a expulsar de España a los extranjeros sin papeles condenados a menos de seis años de prisión.
El número de extranjeros en situación ilegal en España supera el millón de personas, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del ministerio del Interior.
Más de 92.000 inmigrantes clandestinos fueron repatriados en 2003, es decir un 20% más que en 2002, según cifras oficiales.
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