Masivas protestas de estudiantes en Chile: 100 colegios tomados sólo en Santiago

La presidenta chilena, Michelle Bachelet, enfrentaba este viernes el primer conflicto social de su gobierno, con las peores y más masivas protestas de estudiantes secundarios desde el retorno a la democracia hace 16 años.

Las movilizaciones, que se iniciaron hace tres semanas con multitudinarias protestas callejeras, involucraban este viernes a más de 100.000 estudiantes secundarios de todo el país, con cerca de 100 colegios "tomados" sólo en Santiago.

Los principales colegios de la capital chilena entregados a la administración de las municipalidades, como el Instituto Nacional o el Liceo de Aplicación, se encuentran sin clases hace más de una semana, después que los estudiantes decidieran terminar con las manifestaciones callejeras y presionar con las ocupaciones de las aulas.

En esta línea anunciaron para el próximo martes una paralización nacional de actividades, de carácter "pacífico", en demanda de una profunda reestructuración de la educación pública chilena.

La idea es realizar ese día "actos culturales y jornadas reflexivas", para no repetir los violentos disturbios callejeros de hace tres semanas, que terminaron con más de un millar de detenidos, según anunció la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios.

Las movilizaciones fueron respaldadas por la Confederación de Estudiantes Universitarios de Chile, el gremio de los profesores y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la principal organización sindical del país.

Las protestas obligaron a la presidenta Bachelet a ceder en su postura inicial de no dialogar "bajo presión" y convocó para el próximos lunes a una mesa de negociación con todos los estudiantes, incluidos los de colegios ocupados o en "toma".

"Creo que efectivamente en este gobierno tenemos que volver a hacer una reforma, aumentar la calidad de la educación, de manera de aumentar también la excelencia", dijo Bachelet.

La mandataria convocó además de emergencia a una reunión que mantuvieron los jefes de los partidos políticos de la coalición de Gobierno, destinada a examinar el primer conflicto social desde que asumió la presidencia el pasado 11 de marzo.

En esa reunión, en la que Bachelet estuvo representada por su ministro de Educación Martín Zilic, se acordó instaurar un diálogo "abierto y amplio" con los estudiantes.

Los estudiantes secundarios comenzaron sus movilizaciones a principios de mayo pidiendo la gratuidad de un pase escolar para el transporte público y de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), que deben rendir los candidatos a la enseñanza superior.

Pero a medida que el conflicto se extendió las demandas también crecieron y ahora los estudiantes piden reformular la llamada Jornada Escolar Completa y derogar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), que promulgó a fines de su régimen
el ex dictador Augusto Pinochet (1973 -1990).

La normativa puso fin a la educación estatal, traspasando la administración de los colegios públicos a los municipios, que han sido incapaces de equiparar la calidad de los establecimientos con los colegios privados y enfrentan problemas de
financiamiento.

Una brecha histórica entre colegios públicos y privados se mantuvo el año pasado, cuando de los 176.000 estudiantes que rindieron la PSU, el 70% que obtuvo los puntajes máximos correspondió a alumnos de colegios particulares. En contrate, sólo el 10% provenía de liceos administrados por las municipalidades.

"La calidad no ha mejorado como hemos querido. El gran desafío nuevo es cerrar la brecha de calidad", reconoció Pilar Romanguera, subsecretaria de Educación, en una entrevista con radio Cooperativa.