Por ley sancionada postergan empresas inversiones en Bolivia

Bolivia sigue encabezando los problemas de Sudamérica. Pocas empresas extranjeras, las más grandes, podrán sobrellevar la creación de un impuesto o de una regalía encubierta de 32%, que subió el total a 50%. Pero, aparte de eso, los impuestos sobre los productos están con subas de entre 70% y 140%. Directamente, las empresas se niegan a seguir invirtiendo en Bolivia, porque sólo en los próximos tres años el negocio les demandará u$s 5.000 millones. Con su gran riqueza gasífera, Bolivia tenía la oportunidad de superar, por fin, su crónica pobreza, algo que quedará postergado por culpa de la nueva Ley de Hidrocarburos. La importancia de las cifras involucradas en los proyectos de inversión contrasta con la realidad de un país con un PBI de apenas 7.900 millones de dólares. Mientras, torpemente, la envalentonada izquierda de Evo Morales presiona en el Congreso y en las calles por una ley correctiva todavía más hostil para las mismas empresas que ayudaron -con sus inversiones de 3.500 millones dólares desde 1997- a descubrir esos recursos. Se plantea una nacionalización del gas, ¿pero con qué recursos el Estado podría extraer la riqueza de 50.000 millones de dólares que permanece aún bajo tierra? La pelea tiene, además, serias consecuencias políticas. La prensa local volvió a castigar ayer duramente al presidente Carlos Mesa por su ambigüedad ante la peligrosa ley y describió un país prácticamente a la deriva. Por si eso fuera poco, el Congreso votó anoche el llamado a un referendo vinculante sobre autonomías regionales, lo que para muchos encarna el peligro de una división del país.

Dos bolivianas pasan junto a una pared que atestigua los reclamos por la nacionalización de los recursos energéticos. La aplicación de la Ley de Hidrocarburos abre un fuerte conflicto entre las empresas y el Estado.

«Cada empresa tomará las medidas adecuadas, dentro del más riguroso respeto de la legalidad, a fin de proteger sus derechos», comunicó el vocero de las petroleras.

Sin embargo, Kieffer aseveróque los consorcios «se