La policía de Río de Janeiro se mantiene en "estado de alerta" por los 31 asesinatos de efectivos que suma este año, al tiempo que recibe cuestionamientos por un informe que reveló que entre 2002 y 2005 murieron 7.000 civiles en operativos policiales en Río y San Pablo.
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Los comandantes de la policía militarizada de Río se reunieron ayer con el objetivo de buscar fórmulas para frenar los ataques constantes de criminales contra sus agentes, que dejaron a 31 muertos en lo que va del año, 12 de ellos en los últimos 8 días, informaron las agencias Ansa y DPA.
Un dato que llamó la atención es que de estos 12 policías asesinados en la última semana, sólo cuatro estaban de servicio, lo que habla de cierta estructura de inteligencia.
Los ataques a objetivos policiales se mantienen a diario en la ciudad, aunque no en la magnitud que se dio a finales de 2006 cuando las bandas organizadas asolaron Río en operaciones armadas que dejaron al menos 23 civiles muertos.
Aquellos episodios motivaron al gobernador de Rio, Sérgio Cabral (PMDB) a pedirle al presidente Luiz Lula da Silva el envío de las tropas de elite de la Fuerza Nacional de Seguridad, integrada por militares, policías y bomberos de todos los estados, los que patrullan sectores claves de la ciudad.
La fuerza mantiene su estado de alerta en las zonas más pobres y violentas de la ciudad a raíz de la información que vinculó los crímenes de los efectivos a un plan del Comando Vermelho, la organización criminal más antigua de Río, que tiene como meta asesinar a 150 policias.
De acuerdo a fuentes policiales, narcotraficantes del Comando Vermelho responden así al accionar de milicias parapoliciales en las "favelas" que cobran una suerte de "impuesto" a los moradores para su "protección" contra los narcotraficantes, a quienes "expulsan" en fuertes enfrentamientos armados.
"Comando Vermelho fue la cuadrilla más perjudicada por la acción de las milicias. La que más perdió espacio en las favelas", dijo el comandante del 22 batallón policial militar, Ruy Loury, en declaraciones a la agencia Ansa.
De acuerdo a las cifras oficiales, desde inicios de 2007, 32 policías fueron muertos en Rio de Janeiro, lo que motivó a la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro a instaurar una Comisión Parlamentaria de Investigación para dilucidar las muertes de policías en el Estado.
Pero en la jornada de ayer, las cifras de muertos policiales quedó contrapuesta al Informe Nacional de Derechos Humanos, elaborado por el Núcleo Estudios de Violencia de la Universidad de San Pablo.
El informe, adelantado por la prensa local, consigna que de 2002 a 2005, en acciones policiales en San Pablo y Rio de Janeiro, murieron 6.979 civiles, de los cuales 1.567 fueron registrados sólo en 2005.
El estudio reproducido por la agencia Ansa, muestra que el fragmento de la población más afectada por la violencia son los jóvenes de entre 15 y 24 años, víctimas principales de homicidios en Brasil entre 2002 y 2004.
La participación de agentes policiales en violaciones de los derechos humanos y la falta de preparación del Estado brasileño para garantizar el bienestar de la población son algunas de las conclusiones principales del Informe "Hay poca transparencia sobre los datos de violencia policial en todos los estados de Brasil", comentó Sandra Carvalho, directora de la Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Global, una de las entidades que colaboró en la colecta de cifras para el relevamiento.
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