Washington (EFE, Reuters, AFP) - El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos autorizó ayer la emisión de citaciones a altos funcionarios de la Casa Blanca, lo que supone un paso más en el escándalo sobre el despido de ocho fiscales federales por razones políticas.
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Esta decisión de la Cámara no hace otra cosa que avivar enfrentamiento cada vez más duro, dado el aviso del presidente, George W. Bush, de que está dispuesto a recurrir a la vía judicial para evitar que sus subordinados reciban citaciones.
La votación ayer en el comité de la Cámara de Representantes se produjo un día después de que Bush ofreciera al Congreso que su asesor político, Karl Rove, y su ex asesora jurídica Harriet Miers, así como los ayudantes de éstos, hablaran sobre el caso ante los legisladores, pero a puerta cerrada y sin que su declaración sea jurada. Los demócratas consideraron inaceptable esa oferta y decidieron ayer que esos funcionarios testifiquen bajo juramento.
El escándalo ha afectado sobre todo al secretario de Justicia, Alberto Gonzales, un estrecho colaborador de Bush y a quien el presidente llamó por teléfono el martes para expresarle su apoyo.
