Parlamento del Uruguay
Tras la denuncia sobre la filtración de un plan de inteligencia presentado en una sesión secreta del Parlamento por parte del director de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Alvaro Garcé, la vicepresidenta Beatriz Argimón exhortó a los legisladores de la comisión que estuvieron presentes a que entreguen sus celulares "a efectos de la investigación".
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La idea surgió del diputado del PERI, César Vega. La Vicepresidenta, que llamó a los parlamentarios a concurrir de forma voluntaria ante fiscalía para "aclarar todo el proceso", también mostró su punto de vista y deslizó que "alguien" o "algunos" no estuvieron a la altura. Por su parte, Javier García, el ministro de Defensa, fue aún más lejos y calificó el hecho como "un acto de traición al país".
Algunos parlamentarios, como Liliam Kechichian, del Frente Amplio mostraron cierta incomodidad al verse directamente acusados por Garcé. En efecto, señalan que el documento también circuló por Cancillería y los Ministerios de Defensa, Economía, e Interior. Por eso, esperan una masiva investigación por parte del Poder Ejecutivo, ya que los documentos con reserva deben contar con trazabilidad y no creen que esta estuviera garantizada por parte de Garcé.
Garcé presentó el 24 de octubre ante la comisión bicameral que supervisa el trabajo de Inteligencia, un plan donde se incluye la investigación de organizaciones "presuntamente violentas" dentro del territorio nacional. Las alarmas se encendieron cuando TV Ciudad publicó un informe con información –que fue filtrada en Twitter– sobre la sesión donde se detallaban ordenes de Garcé a la Policía nacional. El autor de las publicaciones, en palabras del director de Inteligencia, "es un particular que recibió la información reservada y resolvió su difusión".
El funcionario también recordó la existencia del artículo 301 del Código Penal –delito de revelación de documentos secretos–, el artículo 115 de la Constitución de la República –norma que prevé como máxima sanción la remoción de los infidentes– e hizo mención a que, según la Ley 19.696, la conducta del legislador responsable lo hace "indigno de la representación que inviste".
Sin embargo, no hay un solo sospechoso. Los implicados son diez: Raúl Lozano, Graciela Bianchi, Gustavo Penadés, Álvaro Viviano, Raúl Batlle, Daniel Caggiani, Micaela Melgar, Mariano Tucci, Diego Reyes y Luis Alberto Posse.
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