La cadena acumula 346 cheques rechazados por casi $3.500 millones y negocia su venta o el alquiler del fondo de comercio. La Justicia también exige explicaciones por el destino de fondos obtenidos por la venta de inmuebles.
Actualmente, Toledo tiene alrededor de 30 sucursales y emplea en forma directa a más de 1.500 personas.
Después de que Ámbito revelara que Supermercados Toledo negocia con dos grandes cadenas la posible venta de la totalidad de la empresa o el alquiler de su fondo de comercio, comenzaron a registrarse movimientos de peso dentro del expediente judicial de la histórica compañía marplatense. Ahora, uno de sus acreedores pidió directamente que no se autoricen nuevas ventas de activos y anticipó que avanza con los pasos necesarios para solicitar la quiebra de la empresa.
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Se trata de Frigorífico Regional Industrias Alimenticias Reconquista (FRIAR), proveedor de carne de Toledo y acreedor posterior a la apertura del concurso preventivo. En una presentación a la que accedió Ámbito, la compañía denunció ante la Justicia un “agravamiento de la cesación de pagos” de la cadena de supermercados y reclamó que se suspendan las autorizaciones para vender, transferir o gravar bienes de la empresa.
El frigorífico tiene un interés directo en la situación. Según explicó en el expediente, Toledo le entregó cheques como pago por mercadería que FRIAR luego endosó a sus propios proveedores. Ante el rechazo de parte de esos documentos, el frigorífico sostuvo que tuvo que hacerse cargo de los pagos y que ya desembolsó alrededor de $100 millones.
A esa situación se suma el deterioro financiero que atraviesa la cadena. Según los registros del Banco Central, Toledo acumula actualmente 346 cheques rechazados por falta de fondos por $3.499,3 millones.
A partir de ese cuadro, FRIAR endureció su posición dentro del concurso. En el escrito sostuvo que los incumplimientos reflejan una situación que excede un problema puntual de liquidez y planteó la “posibilidad cierta de que el proceso concursal derive en un escenario de quiebra”.
La presentación avanza incluso un paso más. “Esta parte se encuentra en gestiones para la inmediata petición de la quiebra de la deudora”, afirmó el frigorífico ante el juzgado.
En este contexto, el frigorífico cuestionó que la empresa pueda seguir vendiendo propiedades mientras mantiene obligaciones corrientes impagas y pidió la “suspensión de toda autorización de venta, enajenación o gravamen de inmuebles de la concursada, concedida o en trámite”.
FRIAR sostuvo que “la disposición de los principales activos inmobiliarios de la concursada, o de locales o sedes, en el contexto patrimonial actualmente acreditado, constituye una circunstancia de extrema gravedad” y argumentó que desprenderse de esos bienes reduce el respaldo disponible para afrontar las obligaciones de la compañía.
“Los inmuebles de la concursada constituyen activos de relevancia sustancial dentro de su patrimonio”, señaló el frigorífico. En esa línea, remarcó que su venta “implica reducir materialmente el respaldo disponible para atender sus obligaciones”.
El planteo abarca tanto las deudas incluidas en el concurso como las generadas con posterioridad. Por eso, FRIAR también pidió que la Sindicatura informe sobre el pasivo posconcursal, el estado de los activos de Toledo y el destino de los fondos obtenidos con las ventas realizadas recientemente.
El acreedor sostiene, además, que la situación actual obliga a revisar las autorizaciones que ya habían sido concedidas. “Las circunstancias que pudieron eventualmente justificar una autorización de venta no son necesariamente las mismas que existen hoy”, afirmó.
El planteo de FRIAR ya tuvo una primera respuesta en el expediente. La jueza Daniela Valeria Basso, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº7 de Mar del Plata, corrió traslado de la presentación a Supermercados Toledo y a la Sindicatura y les dio un plazo de cinco días para que se expidan.
Por el momento, la Justicia no resolvió el pedido para suspender las ventas de activos. Una vez que Toledo y la Sindicatura presenten sus respuestas, la jueza deberá definir qué curso le da al planteo del frigorífico.
En paralelo, se produjo otro movimiento vinculado con los activos de Toledo. La propia Sindicatura pidió que la empresa acredite de manera detallada y documental qué destino le dio al dinero obtenido por la venta del inmueble ubicado en Estrada 5537, una operación que había sido autorizada para generar liquidez y atender necesidades urgentes de la compañía.
La jueza hizo lugar al requerimiento de la Sindicatura e intimó a Toledo a que, en un plazo abreviado de tres días, acredite de manera detallada y con documentación qué destino le dio al dinero obtenido por la venta del inmueble de Estrada. La orden fue dictada bajo apercibimiento del artículo 17 de la Ley de Concursos y Quiebras, que habilita al juez, ante determinados incumplimientos, a adoptar medidas que pueden llegar hasta la separación de la concursada de la administración de sus bienes.
El pedido adquiere relevancia porque FRIAR sostuvo en su presentación que tomó conocimiento de que se habían autorizado las ventas de los inmuebles de Estrada y Avenida Libertad y afirmó que los fondos provenientes de esas operaciones no habrían sido destinados al pago de obligaciones corrientes y, particularmente, de acreedores posconcursales.
Como informó Ámbito, la Justicia autorizó primero la venta del inmueble ubicado en Estrada 5537 por u$s1,5 millones y posteriormente habilitó la operación sobre el predio de Avenida Libertad 5750 por u$s3,85 millones.
En el caso de Libertad, la propuesta contempla u$s3 millones al momento de la escritura y otros u$s850.000 dentro de los 24 meses posteriores. Toledo había solicitado autorización para desprenderse de esas propiedades con el argumento de que necesitaba obtener liquidez para afrontar obligaciones corrientes y mantener en funcionamiento el negocio.
La empresa había informado ante la Justicia que durante julio pudo cancelar solamente el 40% de los salarios, lo que derivó en medidas de fuerza y mantuvo los supermercados sin actividad durante cuatro días. También señaló que debía afrontar el pago de cheques emitidos por alrededor de $1.300 millones semanales.
Al momento de analizar las operaciones, Toledo sostuvo que la venta de los dos inmuebles no implicaba un vaciamiento patrimonial, ya que después de concretarlas seguiría conservando una cantidad significativa de propiedades de considerable valor. La posición que ahora plantea FRIAR va en sentido contrario: considera que, ante el deterioro posterior de la situación financiera, continuar desprendiéndose de bienes puede reducir la garantía patrimonial de los acreedores.
La discusión se abre mientras la compañía busca una salida más amplia para el negocio. Tal como reveló Ámbito, Toledo reconoció ante la Justicia que mantiene negociaciones con dos importantes cadenas de supermercados para avanzar eventualmente con la venta de la totalidad de la empresa o el alquiler de su fondo de comercio.
La compañía no identificó a los interesados en el expediente, aunque fuentes del sector señalaron a este medio que La Anónima sería uno de los grupos con mayor interés en quedarse con una parte importante de la operatoria.
Toledo está en concurso preventivo desde agosto de 2006 y actualmente emplea a alrededor de 1.500 personas. La empresa nació en Mar del Plata en 1966, con un pequeño autoservicio de 300 metros cuadrados, y con el paso de los años se expandió hasta convertirse en una de las cadenas tradicionales de la ciudad.
Cuenta con alrededor de 30 sucursales activas, que en conjunto suman unos 44.000 metros cuadrados de superficie comercial y más de 300 cajas. Su estructura también incluye elaboración propia de panificados y chacinados, producción avícola y actividad vinculada a la cría y faena de cerdos.
Así, mientras Toledo intenta encontrar una salida a su crisis a través de la venta de la compañía o el alquiler de su fondo de comercio, el frente judicial comenzó a sumar presión. En los próximos días deberá responder el planteo de FRIAR y acreditar ante la Justicia qué destino tuvieron los fondos obtenidos con la venta de inmuebles, mientras queda pendiente la decisión sobre el pedido para frenar nuevas operaciones con sus activos.