La coyuntura, el sistema tributario y un necesario pacto social económico

La frecuencia de las modificaciones tributarias, según el cambio de administración, genera una carencia de continuidad en la definición de un sistema ideal para la República Argentina provocando, entre otras cosas, incertidumbre, inseguridad jurídica y falta de interés en invertir en actividades productivas. Es preciso garantizar políticas estables de crecimiento e inclusión.

En nuestro país estamos acostumbrados a que se modifique el sistema tributario cada vez que se eligen nuevos gobernantes, e incluso cuando se producen reelecciones, estableciéndose nuevos lineamientos que muchas veces van en sentido contrario al ordenamiento vigente con anterioridad.

Esa falta de continuidad en la definición de un sistema ideal para la República Argentina provoca, entre otras cosas, incertidumbre, inseguridad jurídica y falta de interés en invertir en actividades productivas.

Entendemos que para lograr los objetivos de redistribución del gasto público, resulta indispensable que se establezcan acuerdos para el crecimiento entre todos los miembros de la comunidad, especialmente en el plano político, donde se requieren instituciones sólidas y permanentes; un consenso entre las distintas fuerzas para garantizar políticas estables de crecimiento, independientemente del partido político que gobierne. Al respecto, afirmamos que debe buscarse un pacto político y fiscal donde intervengan todos los actores de la sociedad (partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, ciudadanos, etc.).

1| Consenso político y social

Es indispensable entonces, lograr un “pacto social y económico” entre las distintas fuerzas para garantizar políticas estables de crecimiento e inclusión, entre otros aspectos. Un consenso entre quienes piensan igual o similar a uno, es más fácil de alcanzar. Pero ello parece una utopía en un país como el nuestro, donde existen opiniones tan contrapuestas.

Por ello consideramos necesario previamente establecer medidas para la coyuntura, las que, si bien serían disposiciones aisladas, podrían representar un primer paso para encaminarnos hacia un pacto social que permita lograr un sistema tributario consensuado y estable.

Entre las medidas propuestas, destacamos que las mismas deben tender a la simplificación de los mecanismos que permitan reducir la carga administrativa de los contribuyentes y fortalecer la fiscalización a cargo del Estado.

2| Medidas y prioridades

En primer lugar y a título meramente enunciativo, entendemos que debe asignarse prioritariamente un tratamiento diferencial -especialmente a través de incentivos tributarios- para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

También deberían implementarse medidas para formalizar la actividad económica y, de esta forma, eliminar o disminuir la economía informal. Entre ellas:

Armonizar el artículo 34 de la Ley de Procedimiento Tributario (Ley 11.683, texto vigente) con el artículo 2° de la ley antievasión (Ley 25.345), de modo tal que se admita acreditar la veracidad de las operaciones cuando se paguen las adquisiciones en efectivo por un monto superior al establecido en el art. 1° de la citada norma ($1.000), en concordancia con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos: “Mera, Miguel Angel”, del 19/3/14. Al respecto, opinamos que ese monto debería actualizarse aplicando el índice de inflación acumulada desde el momento en que se fijó dicho importe.

Devolución parcial del Impuesto al Valor Agregado a quienes efectúen sus operaciones con tarjetas de débito y/o crédito. En este caso, debería reestablecerse íntegramente y para todos los consumidores la devolución parcial de un porcentaje del Impuesto al Valor Agregado a quienes efectúen sus operaciones con tarjetas de débito y/o crédito. De esta forma, se beneficiarán los consumidores y simultáneamente, al bancarizarse las transacciones de consumo particular, se revitalizará un instrumento idóneo para luchar contra la evasión.

Propuesta de reformulación del régimen simplificado para pequeños contribuyentes (monotributo). Hasta que se implemente un régimen intermedio entre el régimen simplificado para pequeños contribuyentes y la transformación de los mismos en sujetos pasivos de los impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias, consideramos conveniente establecer el siguiente esquema de imposición.

El mecanismo en cuestión consistiría en incrementar mínimamente en un ciento por ciento (100%) los rangos de facturación emitida por locaciones de obras y servicios, y venta de cosas muebles, estableciéndose nuevas categorías y montos a pagar, según los montos facturados. Asimismo, derogar o reformular la norma que establece la exclusión del régimen simplificado cuando las compras más los gastos inherentes al desarrollo de las actividades realizadas por los monotributistas, supere determinado porcentaje. De esta forma, se evitarían las consecuencias administrativas y económicas que derivan del pase del monotributo a los regímenes generales de los impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias.

Asimismo, para combatir la evasión, debería permitirse el cómputo como pago a cuenta del monotributo de un porcentaje del Impuesto al Valor Agregado que deban facturar los proveedores por la adquisición de obras, servicios y cosas muebles vinculadas a la actividad del contribuyente. De este modo se incentivaría al monotributista para que exija la factura al proveedor, debiendo éste emitir el comprobante respectivo con el IVA discriminado y así se tenderá a evitar que los proveedores sigan incursionando en la economía informal.

(*)Ex Vocal del Tribunal Fiscal de la Nación.