Los ganaderos dejaron sus granjas y tomaron las calles de ciudades neozelandesas el jueves para protestar contra los planes del Gobierno de crear un impuesto sobre las emisiones de gases de invernadero provocadas por el ganado.
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Los ganaderos dejaron sus granjas y tomaron las calles de ciudades neozelandesas el jueves para protestar contra los planes del Gobierno de crear un impuesto sobre las emisiones de gases de invernadero provocadas por el ganado.
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Tractores, todoterrenos y vehículos de granja perturbaron el tráfico en ciudades como Wellington y Auckland contra lo que se conoce como el impuesto de "los eructos y los pedos".
A comienzos de mes, la primera ministra de centro-izquierda, Jacinda Ardern, presentó una ley para gravar los gases de efecto invernadero emitidos de forma natural por los seis millones de vacas y los 26 millones de ovejas.
Miles de granjeros se reunieron en Wellington el jueves con pancartas asegurando que la política "apesta" y advirtiendo que este impuesto encarecerá los alimentos.
"Muchos ganaderos ya han tenido suficiente", dijo en Wellington un manifestante que solo dio su nombre, Chris. "Es difícil continuar criando ganado y este gobierno no nos respalda", añadió.
Por su parte, el Ejecutivo de Wellington asegura que el objetivo es alcanzar para 2050 la neutralidad de elementos contaminantes. Para ello, se somete el plan a consultas con los granjeros hasta el 18 de noviembre, antes de que venza su plazo a finales de año para decidir cómo gravará las emisiones del sector agroganadero.
"Estamos en medio de un proceso muy genuino (de consultas)", remarcó Jacinda Ardern, al agregar que su gestión quiere "trabajar de forma constructiva con nuestros productores de alimentos para obtener el mejor resultado posible para ellos y para el país".
Los animales producen de forma natural metano y óxido de nitrógeno. Los científicos opinan que cerca de un 30% del aumento global de las temperaturas se debe al metano.
Ardern dijo que el impuesto era necesario para cumplir los objetivos climáticos y que incluso podía beneficiar a los granjeros si cobraban más por cumplir con estándares medioambientales.
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