Dos tercios de los afiliados a obras sociales y prepagas aporta a su obra social menos de lo que cuesta el plan médico obligatorio que tienen derecho a recibir. No es un error contable. Es la foto de un sistema que colapsó en silencio mientras se demoran transformaciones cada vez más necesarias.
La CGT acaba de publicar un informe que debe encendernos las alarmas. El promedio de recaudación del sistema está en $67.525 por beneficiario, mientras que el costo del Plan Médico Obligatorio (PMO) ronda los $85.000 per cápita, una cifra casi 25% por encima de lo que se recauda. Traducido en personas: más de 9 millones de beneficiarios, el 67% del padrón, no ingresa a su seguro de salud lo suficiente para financiar las prestaciones que incluye el PMO.
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¿Qué significa esto en la práctica? Que hay argentinos que trabajan y que le descuentan todos los meses de su sueldo su aporte para cubrir la atención sanitaria, pero cuando van a atenderse, el sistema no puede responderles. Las obras sociales necesitan el auxilio de sus sindicatos para no entrar en cesación de pagos, los tiempos de espera se prolongan, las denegaciones se multiplican y la calidad de la atención se deteriora continuamente.
El último informe de IDESA indaga sobre las causas. Su principal conclusión es que el sistema sufre las consecuencias de una doble demagogia:
Por un lado, la incorporación al PMO de prestaciones sin contemplar su financiamiento. Por otro, la inclusión de afiliados con aportes muy por debajo del costo de la cobertura.
A esto se suma un fenómeno que solemos mirar de reojo, como si no nos afectara: la Argentina está envejeciendo. Vivimos más y tenemos menos hijos. Y los números son elocuentes: mientras hasta 2015 nacían en promedio 750.000 niños por año, en 2024 esa cifra cayó a poco más de 400.000. En menos de una década, los nacimientos se redujeron casi a la mitad.
La baja en la natalidad con aumento de la esperanza de vida plantea grandes desafíos. Una población que envejece demanda más atención en geriatría, salud mental, discapacidad y enfermedades crónicas, prestaciones contempladas en el PMO como derechos, pero que el sistema no puede pagar porque no alcanza el financiamiento.
La cápita de PAMI ya ilustra ese fenómeno: crece el gasto en medicamentos, geriatría, salud mental, discapacidad y asistencia social en desmedro del gasto en atención médica convencional. De aquí las quejas de los médicos de cabecera de PAMI y los frecuentes cortes de servicios que sufren los jubilados.
Primero: ordenar el PMO. Volver a su esencia original —un conjunto de prestaciones médicas básicas y costo-efectivas— y establecer con identificación precisa y financiamiento adecuado los organismos competentes que serán responsables de suministrar el resto de las prestaciones sociales que hoy saturan el sistema de salud.
Segundo: distribuir mejor el Fondo Solidario de Redistribución, utilizándolo íntegramente para elevar los aportes per cápita de las familias de menores ingresos, en lugar de destinarlo a subsidios asignados con criterios arbitrarios.
Con estas dos medidas el sistema puede lograr consistencia financiera y, por esa vía, recuperar capacidad para cumplir con sus obligaciones.
El cuidado de la salud de los argentinos no puede seguir siendo rehén de la demagogia ni de la inacción. Los datos ya dieron la alarma. La demografía nos avisa que los problemas se agudizarán a futuro. Necesitamos decisiones ahora. Yo estoy dispuesta a darlas.
Diputada Nacional por Córdoba
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