La nueva obra social castrense, OSFA, con recursos provenientes de una deuda que las FFAA mantienen con la entidad preexistente, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), en concepto de aportes patronales y que ahora se decidió poner al día.
La OSFA arranca con fondos surgidos de aportes adeudados por las Fuerzas Armadas
La nueva obra social militar se pone en marcha con recursos surgidos de aportes y contribuciones adeudados durante años.
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Las Fuerzas Armadas deberán afrontar con recursos propios parte del financiamiento inicial del nuevo esquema de cobertura sanitaria.
Por años, las Fuerzas Armadas y de seguridad excluyeron ciertos suplementos particulares en la comunicación del haber bruto mensual, en detrimento del cálculo de la cuota de obra social y de la contribución patronal. La OSFA, constituida sólo por miembros de las tres fuerzas, sus familiares y el personal civil, reúne un padrón total de 343.307 afiliados. El general de brigada (R) Sergio Maldonado es el presidente de la nueva entidad.
El desembolso para financiar el inicio de la OSFA y avanzar en la regularización gradual de pagos a prestadores y proveedores saldrá de un mismo bolsillo: el de las Fuerzas Armadas.
Economía mira para el costado: no involucrará un solo peso del Tesoro Nacional. Su participación en el cambio de estructura de prestación social de las fuerzas quedó dentro de la ambigüedad del art. 12 del DNU 88 de creación de la OSFA y extinción del precedente IOSFA: “El Poder Ejecutivo instrumentará las medidas necesarias a los efectos de determinar el proceso para la cancelación de los pasivos del Instituto de Obra Social de las FFAA”.
Luego de corcoveos burocráticos entre el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, y los jefes militares del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y en vista de que el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Javier Milei, laudó a favor del ministro de Economía, Luis Caputo, y de su negativa a poner fondos frescos del Tesoro, no quedó otra salida para la cúpula militar que un harakiri al presupuesto en el inciso 1 de “Gastos en Personal” y honrar morosidades.
El inciso 1 es la partida destinada a sueldos, aguinaldos, contribuciones patronales, asignaciones familiares y servicios extraordinarios del personal militar, disponible en cuotas de ejecución trimestral.
La decisión de afectar partidas de remuneraciones generó cierta inquietud porque, a futuro, las fuerzas tendrán que esperar la buena voluntad de Economía para mitigar el impacto financiero actual con ajustes extrapresupuestarios a conceder en el inciso 1.
Una deuda del pasado es la clave para el inicio de OSFA
La deuda por aportes y contribuciones que las Fuerzas Armadas están obligadas a aportar en su condición de empleadores del personal militar salió a la luz como una rueda de auxilio financiera y echó a rodar en apoyo de la recién nacida OSFA.
La iniciativa de hacer caja con esos recursos venía de otra administración. Un documento previo, iniciado en 2023 durante la gestión kirchnerista de Darío Díaz Pérez en el IOSFA, el expediente EX-2023-100025522-APN-SC#IOSFA, reclamó al Tesoro Nacional el reconocimiento y pago de una deuda millonaria por aportes patronales. En aquel entonces, llegaba a más de $130.000 millones de pesos.
A mediados de marzo, el administrador del IOSFA residual, coronel (R) Ariel Guzmán, remitió a cada una de las fuerzas un certificado de deuda legalmente exigible al 31 de enero de 2026 en concepto de aportes y contribuciones a pagar a OSFA, que arroja la friolera de $212.991.994.069.
El orden de prioridad por el monto adeudado es el siguiente: Gendarmería $97.617.266.018, Ejército $51.815.468.100, Prefectura $32.833.259.651, Armada $20.578.372.717,93 y, finalmente, Fuerza Aérea $10.147.627.580.
El 15 de abril pasado, la Fuerza Aérea regularizó la deuda, según se lee en la Resolución RESOL-2026-373-APN-EMGFAA#FAA, firmada por el titular de la fuerza, brigadier mayor Gustavo Valverde.
OSFA publicó un comunicado el 20 de abril y detalla: “Se informa que, a partir de un relevamiento financiero integral, se ha identificado una deuda acumulada desde 2017, en concepto de diferencias en la liquidación de aportes y contribuciones por parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad”.
“Ya se concretaron avances importantes: el Ejército regularizó su situación; la Armada y la Fuerza Aérea han avanzado en ese proceso. Al mismo tiempo, se espera la regularización por parte de las Fuerzas de Seguridad, un paso necesario para consolidar este camino”.
El optimismo del comunicado no tuvo en cuenta una controversia del momento: la Gendarmería —que registra la cifra más elevada— y la Prefectura resisten saldar esa deuda. Argumentan su negativa en las deficiencias de cobertura y atención médica que ha soportado su personal a lo largo del tiempo.
Recuerdan que en octubre de 2025 la gobernación de Santa Fe decidió brindar un servicio de salud complementario a los efectivos de las Fuerzas Federales que operaban bajo el Plan Bandera por los cortes de cobertura de IOSFA. “El ingreso de estos recursos ha permitido cancelar obligaciones con afiliados, prestadores y proveedores”. Y la gacetilla concluye: “Hoy todas las provincias tienen servicios activos y han recibido recursos destinados a reintegros, medicamentos y prestaciones, según las necesidades de cada jurisdicción”.




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