El Gobierno nacional continúa implementando nuevas estrategias para endeudarse. Esta vez fue el turno del BID y el Banco Mundial. En el primer caso, el organismo otorgó una garantía de u$s550 millones para respaldar una operación financiera en la que Argentina intentará acceder a u$s1.200 millones con bancos privados. En un comunicado, el BID se encargó de dejar en claro que la garantía “contribuirá a mejorar el acceso de la Argentina a los mercados internacionales de capitales, en línea con los compromisos asumidos en el programa acordado con el FMI”.
Por su parte, el Banco Mundial asignará un esquema de garantías para movilizar financiamiento por u$s2.000 millones. El organismo sostiene que la operación “reducirá los costos de financiamiento al tiempo que ampliará la agenda de reformas destinada a crear puestos de trabajo, atraer inversiones en infraestructura, mejorar la inclusión financiera para las pymes, entre otras medidas”. Un apoyo significativo al modelo implementado en nuestro país.
Los funcionarios de gobierno celebran el endeudamiento. Sin embargo, la Argentina debería ir por el camino contrario y no sumar más deuda a los abultados montos que ya debe y evitar así el ajuste interminable que aplica por destinar cada vez más fondos al repago de la deuda.
Dos calificadoras internacionales de riesgo elevaron la nota de la Argentina y reconocen, con distintos matices, que avanzan las reformas y el rumbo económico del gobierno encabezado por Javier Milei. El Bank of America, en particular, señaló que “dos de los tres planetas están alineados”. El frente externo y la inflación dejaron de ser las principales fuentes de preocupación gracias al desempeño de Vaca Muerta y al agro. El planeta que falta alinearse es la actividad económica. También lo resume JP Morgan, que describió el comportamiento de los últimos meses como una dinámica de “serrucho”: mientras algunos sectores continúan creciendo, otros muestran retrocesos intermitentes.
En realidad, más que procesos intermitentes lo que ocurre es que mientras un puñado de sectores principalmente extractivos, (excepto YPF, representados por grandes empresas extranjeras) y los vinculados al agro, muestran un desempeño muy positivo y son apoyados por el Estado, otros, especialmente los mano de obra intensiva, como la industria y la construcción, se encuentran en niveles de actividad históricamente bajos. Un dato recientemente conocido es el de la industria metalúrgica. Según la cámara del sector, registró una caída interanual del 5,1% en mayo y un retroceso del 1,4% respecto de abril. El relevamiento también muestra que las fábricas de esta rama industrial operan con apenas el 39,8% de su capacidad instalada, uno de los registros más bajos de la historia, mientras que el empleo en el sector sigue retrocediendo.
Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, se destruyeron 26.448 empresas desde que comenzó la gestión del presidente Milei (de las cuales sólo 74 tienen más de 500 empleados). Además, de acuerdo a datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) 314.000 asalariados, entre privados y públicos, perdieron su empleo.
Del otro lado se encuentra, por ejemplo, la minería. Se aprobó recientemente el mayor proyecto en ese sector para el RIGI, el cual contempla desembolsos por u$s9.700 millones en una primera etapa y podría alcanzar los u$s18.000 millones en la próxima década. El mayor atractivo para las empresas que ingresan a este régimen lo ofrecen los beneficios que les otorga el Estado, que van desde una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35 al 25 por ciento, devolución acelerada del IVA, eliminación de derechos de exportación a partir del segundo año, flexibilización de las restricciones cambiarias y estabilidad fiscal y regulatoria durante cuatro décadas.
Es evidente que no hay una destrucción total del Estado, sino que, aun cuando se lo está reduciendo al mínimo posible, se lo refuerza de manera significativa para favorecer a los sectores, principalmente los extractivistas, que gozan de muchos beneficios y privilegios.
Mientras tanto, y como resultado del modelo aplicado, los jubilados/as, las personas con discapacidad, los/as trabajadores/as y otros sectores de la ciudadanía padecen constantes recortes de sus derechos, mientras los ingresos se van distribuyendo cada vez más inequitativamente.
Presidente Partido Solidario
