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El auditor interno gubernamental y el valor público del control

A propósito de la institución del 26 de octubre como Día del Auditor Interno Gubernamental.

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La auditoría interna gubernamental cumple un rol clave en el uso eficiente de los recursos públicos, la prevención de riesgos y la transparencia. La actualización de sus normas busca fortalecer el control y mejorar la gestión del Estado.

*Por Alejandro Fabián Díaz, Síndico General de la Nación

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La institución del 26 de octubre como Día del Auditor Interno Gubernamental reconoce a las mujeres y los hombres que, desde la Sindicatura General de la Nación y las Unidades de Auditoría Interna, sostienen diariamente el Sistema de Control Interno del Sector Público Nacional. La fecha elegida remite a la promulgación de la Ley 24.156, ocurrida el 26 de octubre de 1992, y expresa una definición institucional: la auditoría interna gubernamental es una función profesional al servicio del interés público y de la mejora de la gestión.

La Ley 24.156 organizó un sistema integrado. Estableció a la SIGEN como órgano normativo, de supervisión y coordinación, y creó las Unidades de Auditoría Interna en cada jurisdicción y entidad del Poder Ejecutivo Nacional. Esa arquitectura conserva plena actualidad. El control interno requiere una conducción clara, normas comunes y supervisión técnica, pero también presencia cercana a la gestión, conocimiento de cada organismo y capacidad para advertir riesgos en tiempo oportuno. SIGEN y las UAI cumplen responsabilidades diferentes y complementarias dentro de un mismo sistema.

Por eso, esta conmemoración no pertenece a un organismo en particular. Reconoce una identidad profesional común. Comprende a quienes planifican, ejecutan, supervisan y apoyan las tareas de auditoría, control y evaluación de la gestión. También reafirma los principios que deben orientar su actuación: objetividad, independencia de criterio, integridad, competencia profesional, debido cuidado y compromiso con el interés público.

Alejandro Fabián Díaz, Síndico General de la Nación.

Definir con precisión la intervención del auditor interno gubernamental es parte central de esa identidad. Intervenir significa examinar con método, reunir evidencia suficiente y pertinente, evaluar los riesgos y los controles, comunicar hallazgos, formular recomendaciones y realizar su seguimiento. Significa aportar una mirada profesional que permita a las autoridades decidir con mejor información y fortalecer sus procesos. La auditoría agrega valor cuando identifica tempranamente una debilidad, explica sus efectos y propone una mejora posible, fundada y proporcional al riesgo.

Esa intervención tiene, al mismo tiempo, límites indispensables. El auditor no administra, no sustituye a la autoridad competente, no decide sobre la oportunidad o conveniencia de las políticas ni asume responsabilidades propias de la gestión. Tampoco su intervención debe interpretarse como una autorización previa o como una garantía absoluta sobre actos futuros. La responsabilidad de diseñar, implantar y mantener un sistema adecuado de control interno corresponde a las autoridades de cada jurisdicción y entidad. La función de auditoría evalúa ese sistema y contribuye a mejorarlo, sin coadministrar.

Esta delimitación protege tanto a la gestión como al auditor. A la gestión, porque preserva con claridad quién decide, ejecuta y responde por los resultados. Al auditor, porque asegura su independencia técnica y evita que su opinión se confunda con la decisión administrativa. Y protege al sistema en su conjunto, porque permite que cada intervención sea comprendida según su objeto, alcance, evidencia disponible y oportunidad. Un control eficaz necesita responsabilidades diferenciadas, conclusiones trazables y comunicaciones que no prometan más de lo que la tarea profesional permite afirmar.

La dimensión política de esta decisión debe entenderse en su sentido institucional. Un Estado capaz de controlar su propia gestión dispone de mejores condiciones para sostener políticas públicas, corregir desvíos, cuidar los recursos y rendir cuentas. El control interno no se ejerce contra la gestión. Forma parte de una administración responsable y contribuye a que sus decisiones alcancen los resultados previstos dentro del marco jurídico. Su aporte se vuelve especialmente valioso en contextos de transformación, restricciones presupuestarias y demandas sociales crecientes, cuando la calidad de la información y la evaluación de riesgos resultan decisivas.

La profesión también enfrenta nuevos desafíos. La transformación digital, el uso intensivo de datos y la inteligencia artificial amplían la capacidad de análisis y detección de patrones, pero no reemplazan el juicio profesional. Exigen nuevas competencias, criterios para asegurar la calidad y trazabilidad de la evidencia y resguardos adecuados sobre la información. Innovar en auditoría significa aplicar herramientas que mejoren la cobertura y la oportunidad del control, sin debilitar la objetividad, la confidencialidad ni la responsabilidad humana sobre las conclusiones.

El Día del Auditor Interno Gubernamental debe ser, en consecuencia, una instancia de reconocimiento y también de trabajo. Debe promover capacitación continua, intercambio de experiencias, producción académica, cooperación entre SIGEN y las UAI y difusión de buenas prácticas. Una comunidad profesional se fortalece cuando comparte problemas, contrasta enfoques y transforma el aprendizaje en mejores normas, procedimientos e informes.

En ese marco se inscribe el Premio William Leslie Chapman, instituido por la Resolución SIGEN 284/2026 para reconocer la innovación y las buenas prácticas en auditoría interna gubernamental. La referencia a Chapman recupera una tradición doctrinaria que concibe el control como un sistema y a la auditoría interna como un servicio a la organización. El premio tendrá sentido si permite identificar experiencias concretas, técnicamente fundadas y replicables, capaces de mejorar la prevención, la evaluación y la respuesta frente a los riesgos públicos.

Celebrar este día es reconocer una tarea que muchas veces se desarrolla lejos de la exposición pública, pero que incide directamente en la calidad institucional. Cada informe claro, cada advertencia oportuna, cada recomendación basada en evidencia y cada seguimiento responsable contribuyen a una gestión más transparente y eficaz. También ayudan a consolidar confianza, porque muestran que el Estado cuenta con capacidades para revisar su desempeño, aprender y corregir.

El 26 de octubre nos convoca a renovar ese compromiso. La mejor forma de honrar a quienes integran el Sistema de Control Interno es asegurarles normas claras, formación permanente, herramientas adecuadas y condiciones para ejercer su función con independencia de criterio. Desde la SIGEN continuaremos fortaleciendo la articulación con las Unidades de Auditoría Interna y promoviendo una auditoría rigurosa, moderna y orientada al interés público. Allí reside el verdadero significado de esta fecha: reconocer una profesión y, al mismo tiempo, reafirmar la responsabilidad de mejorar todos los días la gestión pública.

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