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La combinación de «herenciasuerte-habilidad» («herencia» del stock de capital ocioso posrecesión 1998-2002, «suerte» por el contexto internacional inédito post-2002, y «habilidad» de lograr un fuerte superávit fiscal que aleje los peores temores de una administración intervencionista en el corto plazo a pesar de una política heterodoxa en muchas otras dimensiones) que hasta aquí hizo posible la rápida recuperación observada está perdiendo uno de sus componentes centrales, la herencia, al tiempo que la habilidad en este nuevo contexto requiere de decisiones muy distintas y adicionales a la disciplina fiscal.
En efecto, tal como lo reconoce la actual administración, sostener una tasa de crecimiento adecuada -no menor a 5% anual durante la próxima década al menos-, que permita reducir drásticamente los índices de pobreza y desempleo todavía muy elevados en la Argentina, requiere lograr un salto importante en el nivel de inversión (el gobierno indica que ésta debería pasar de 19% actual a 22% del PBI, pero el incremento seguramente deba ser mayor teniendo en cuenta las mayores tasas de inversión de las economías emergentes y tomando además en cuenta que los precios relativos actuales -altos para la inversión respecto de los bienes de consumomagnifican artificialmente la participación de la inversión en el PBI en comparación con la década previa, por ejemplo).
Ejemplos sobran:
1. Demora en la renegociación de contratos de servicios públicos y en el abandono de regulaciones de precios de la energía mayorista -gas y electricidadinstaurados en enero de 2002, continuando en muchos casos -a pesar de una inflación minorista acumulada de 65%- con tarifas congeladas o con leves aumentos sólo para usuarios no residenciales (y en estos últimos casos bajo acuerdos transitorios a cuenta de una adecuación contractual completa en el año 2006, cuyos criterios aún no han sido definidos ni anunciados, exigiendo mientras tanto la suspensión de los reclamos de las empresas en el CIADI, lo cual supone reducir el derecho a reclamar en defensa propia). Esto ha generado recientemente que Suez se retire de Aguas Argentinas, pero antes ya generó también que otros inversores internacionales abandonaran el país, y en todo caso ha sido un causante central de la demora en lograr recuperar un nivel de inversión compatible con un crecimiento sostenido (no sólo porque la inversión en infraestructura está reducida a su mínima expresión, sino porque tal situación imprime un riesgo mayor a inversiones que requieran el uso confiable de dicha infraestructura).
2. El proyecto del PEN de reforma a la Ley de Defensa de la Competencia elevado recientemente al Congreso, donde se abandonó prácticamente -en el corto plazo al menos-la intención de lograr una autoridad antitrust independiente y profesional, y se prevé sujetar la aprobación de concentraciones económicas a consideraciones discrecionales (el interés público nacional, que incluye elementos estratégicos, empleo, inversión, etc.) por parte de las autoridades políticas de turno, incrementando el riesgo de invertir en la Argentina. Esta discrecionalidad también se observó antes con la intervención de los organismos reguladores de servicios públicos desde el inicio de la actual gestión, y con el proyecto de marco regulatorio general de servicios públicos elevado al Congreso durante el año 2004, marcando un sendero de mayor riesgo regulatorio en general.
3. La regulación directa o velada de precios en mercados competitivos, disociando los precios domésticos de los precios internacionales ( costos de oportunidad), alterando las reglas de juego bajo las cuales se pretende atraer la inversión privada. Esto está detrás de la política de retenciones sobre las exportaciones no industriales ( combustibles líquidos, productos del campo, etc.), donde además de la recaudación -alcanzable alternativamente por medio de otro tipo de impuestos, por ejemplo a las rentas extraordinariasse procura evitar el incremento de estos precios a su paridad de exportación, pero también se observó nítidamente en el llamado presidencial a realizar un boicot a Shell en el mes de marzo, los recientes acuerdos de precios entre el gobierno y criadores de pollos, las restricciones a la faena de novillos de bajo peso a partir de noviembre (postelecciones, para lograr acelerar la oferta de quienes no prevean lograr el peso requerido antes de dicha fecha), etcétera.
4. Las reiteradas exhortaciones públicas en cuanto a que las exportaciones de hidrocarburos serán limitadas o prohibidas si no hay inversiones que permitan recuperar el horizonte de reservas (en franca decadencia durante los cuatro últimos años tanto en gas como -desde un par de años antes-en petróleo), demostrando cabalmente el desconocimiento o rechazo a las «reglas» que determinan los procesos de inversión en las sociedades modernas: « inducir» y «negociar» la inversión parecen la misma cosa para el gobierno, pero no lo son. (De paso, cabe notar que amenazar con penalidades comunes -prohibición de exportar a todas las empresasen caso de ausencia de esfuerzos individuales -inversiones en exploración-no dará resultado alguno.)
¿No percibe el gobierno que la falta de inversión, a pesar de altas rentabilidades empresarias desde 2003 y perspectivas externas favorables, se deriva de la imprevisibilidad de las reglas de juego, y que en materia energética y de servicios públicos en particular ello se acentúa por continuar regulando precios artificialmente bajos?
Seguramente sí, pero aceptarlo y reaccionar coherentemente implica un costo político (subas de precios y de tarifas, abandono de atribuciones discrecionales que disciplinan a los críticos, etc.) que este gobierno no parece dispuesto a asumir. Las ingentes inversiones -al menos a bajo costo y con el riesgo en las espaldas de los inversores y no de los contribuyentes-deberán esperar en este caso, y con ellas también las aspiraciones de rápida recuperación de un sendero de crecimiento sostenible en el mediano y largo plazos, cuando posiblemente el contexto internacional deje de ser tan favorable como lo ha sido desde el año 2002 hasta aquí.
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