Reducir la presión fiscal sobre el crédito: la vía técnica para sanear la morosidad familiar sin distorsionar el mercado

La morosidad bancaria saltó del 2,5% al 12,8%. Salvar el sistema exige reducir impuestos al financiamiento, evitando rescates populistas que destruyan el acceso crediticio.

La suba en la morosidad y una salida a través de la reducción de la presió fiscal.

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Durante los últimos quince años, la dinámica de la morosidad bancaria en el segmento de familias operó dentro de márgenes previsibles, fluctuando en una banda histórica del 2,5% al 5%. Sin embargo, la actual coyuntura exhibe una alteración significativa en los balances de los hogares. En un lapso de 12 a 18 meses, la mora se quintuplicó, alcanzando un nivel del 12,8%. Los datos correspondientes a junio confirman esta tendencia de consolidación: la mora total se mantuvo estable en el 12,8%, pero con una recomposición interna que demanda atención analítica. Los créditos personales avanzaron al 16,4% (un alza de 0,5 puntos porcentuales respecto al mes anterior), mientras que las tarjetas de crédito exhibieron un leve retroceso de 0,5 puntos, ubicándose en el 12,6%.

Los créditos personales avanzaron al 16,4%.

Este fenómeno requiere un abordaje técnico inmediato, ya que el crédito constituye una herramienta positiva y fundamental tanto para la expansión de la economía general como para la fluidez financiera de los individuos. El desafío macroeconómico actual radica en corregir las distorsiones que están afectando la capacidad de pago, evitando caer en la tentación de implementar regulaciones que terminen rompiendo el mecanismo del crédito. La formulación de políticas debe apuntar a perfeccionar los incentivos del mercado, eludiendo esquemas de subsidios o intervenciones directas que históricamente han derivado en el racionamiento de la oferta crediticia.

La falacia del denominador y la dinámica del deterioro

En el debate económico reciente se ha planteado la hipótesis de que el incremento en los ratios de morosidad es una consecuencia matemática de la expansión del volumen general de créditos. Desde el análisis cuantitativo, esta premisa resulta incorrecta. El porcentaje de cartera irregular se determina dividiendo el stock de créditos en mora sobre el total de créditos otorgados. Si el volumen total de financiamiento experimenta un crecimiento (es decir, aumenta el denominador), el resultado de la fracción tendería inherentemente a la baja, no al alza.

El salto en la morosidad indica que el flujo de créditos que ingresan en situación de impago está superando con creces la velocidad de creación de nuevos préstamos.

Por consiguiente, observar un salto en la tasa de morosidad del 2,5% al 12,8% en un contexto de expansión crediticia indica que el flujo de créditos que ingresan en situación de impago está superando con creces la velocidad de creación de nuevos préstamos. Esta dinámica regresiva atraviesa todas las líneas de financiamiento del sistema bancario tradicional. Además, si se observa el desempeño fuera de este circuito, en el sector de las Fintech, el indicador de morosidad ya alcanza niveles del 30%, reflejando una mayor vulnerabilidad en los perfiles de riesgo no bancarizados.

El shock sobre el ingreso y la rigidez del Costo Financiero Total

La etiología de esta crisis se explica a través de la convergencia de dos grandes motores macroeconómicos que han operado en simultáneo para descapitalizar al deudor. El primero de ellos es el severo shock sobre el ingreso disponible. Como externalidad directa del ineludible y necesario programa de ajuste macroeconómico implementado para corregir los desequilibrios fiscales heredados, el poder adquisitivo de las familias sufrió una contracción. Esta dinámica regresiva en los salarios se vio agravada por una incipiente reducción del empleo formal —histórico proveedor de los salarios más competitivos y estables—, el cual fue parcialmente sustituido por un mercado laboral informal con ingresos sustancialmente menores. Frente a esta abrupta caída de liquidez, y tras haber ajustado las economías domésticas al límite físico, los hogares fueron forzados a tomar una decisión límite sobre qué obligaciones desatender. Los créditos y las tarjetas, lamentablemente, se han convertido en la principal variable de ajuste frente a la prioridad de la alimentación y los servicios básicos.

El segundo motor, y quizás el más pernicioso desde la perspectiva del diseño financiero, es la inflexibilidad a la baja del Costo Financiero Total (CFT). El CFT es el único indicador real de la carga que soporta un deudor, ya que consolida la tasa nominal, los seguros de vida obligatorios, los gastos administrativos y la gigantesca carga impositiva. Durante el bienio 2022-2023, y hasta gran parte de 2024, la evolución del CFT operó lícitamente por detrás de la aceleración inflacionaria. Como la inflación es un indicador retrospectivo y las tasas miran hacia adelante, el mercado ofreció tasas reales negativas que licuaron los pasivos.

El quiebre del sistema coincide exactamente con el inicio del año 2025 y la aceleración de los impagos. La macroeconomía logró una rápida y necesaria desaceleración inflacionaria, pero esta curva descendente no fue acompañada por una flexibilización proporcional en el costo del dinero. Al ingresar hoy a la plataforma digital de cualquier banco de primera línea, se observa que los créditos personales exigen un CFT de tres dígitos, fluctuando rígidamente entre el 110% y el 140%. Estamos hablando de un costo que triplica cómodamente la inflación actual y la proyectada. En términos comparativos, mientras que en 2022 la relación entre el CFT y la inflación era de 1,85 veces, hoy ese spread se ha duplicado. Bajo una lógica de mercado funcional, quien tomó deuda a tasas altísimas por la inflación pasada debería poder refinanciar hoy en mejores condiciones para aliviar su flujo de caja, pero el sistema mantiene el cerrojo del acceso al crédito casi idéntico al de hace dos años.

La arquitectura tributaria como multiplicador del costo

Al desglosar los componentes que sostienen esta rigidez en el CFT, emerge la política monetaria del BCRA y el spread por riesgo de las entidades financieras, pero también se hace evidente el peso sustancial de la arquitectura tributaria. En la coyuntura actual, los impuestos explican aproximadamente el 40% del Costo Financiero Total. Esta estructura incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y gravámenes distorsivos de carácter provincial, como Ingresos Brutos.

El efecto acumulativo de esta carga fiscal puede ilustrarse con un caso de consumo durable. Si una familia adquiere un electrodoméstico valuado en $1.000.000 mediante un crédito a cuatro años con una tasa del 70%, el impacto impositivo es dual. Al momento de la compra, el consumidor abona $173.553 en concepto de IVA por el bien físico. Sin embargo, a lo largo de los 48 meses de amortización, esa misma familia terminará pagando unos $419.400 adicionales de IVA, aplicados exclusivamente sobre los intereses devengados por la financiación. En términos prácticos, el esquema actual obliga al consumidor a tributar el IVA 3,5 veces: una vez por la adquisición del bien y dos veces y media adicionales derivadas estrictamente del financiamiento.

En términos prácticos, el esquema actual obliga al consumidor a tributar el IVA 3,5 veces.

Una propuesta de mercado: repensar el IVA sobre los intereses

Ante este escenario, surge un espacio para el debate legislativo y regulatorio. Frecuentemente, los periodos de tensión en la cadena de pagos promueven propuestas de intervención directa, tales como rescates estatales, condonaciones parciales de deuda o la fijación de topes artificiales a las tasas de interés. La teoría y la evidencia económica señalan que este tipo de medidas generan externalidades negativas de largo plazo. Las entidades financieras, al anticipar un mayor riesgo regulatorio, reaccionan encareciendo el crédito para los tomadores solventes o endureciendo los requisitos de otorgamiento, lo que termina excluyendo del sistema a los segmentos de menores ingresos.

Frente a estas alternativas, una propuesta técnica superadora podría centrarse en la corrección de las asimetrías fiscales. Una medida con impacto directo y basado en el funcionamiento del mercado consistiría en promover una reducción o eliminación de la carga impositiva que grava los intereses de los créditos minoristas. Reducir la presión del IVA y los tributos provinciales sobre la financiación no constituiría un rescate asimétrico ni un subsidio estatal. Representaría, por el contrario, una normalización del costo de apalancamiento que permitiría un descenso mecánico del CFT.

Avanzar con una propuesta de este corte generaría un doble efecto estabilizador. Por un lado, habilitaría una rápida compresión de tasas para quienes precisan reestructurar pasivos y evitar el default. Por el otro, mejoraría las condiciones de liquidez de aquellos tomadores que actualmente cumplen con sus obligaciones bajo condiciones muy onerosas.

Todas las medidas de alivio financiero y regulatorio que se debatan operan como puentes necesarios para transitar la crisis, pero continúan siendo soluciones transitorias. La única resolución estructural y definitiva a la morosidad se encuentra en la economía real. Hasta que no se logre una recuperación genuina del ingreso y del poder adquisitivo a través de la creación de riqueza y la inversión privada, cualquier ajuste en las tasas funcionará apenas como un torniquete temporal frente a una hemorragia sistémica