Violencia de género: se necesita una revisión de los mecanismos y los recursos de la respuesta estatal

La violencia de género es un fenómeno que tiene una dimensión y gravedad de tal magnitud que amerita una urgente revisión de los mecanismos y los recursos de la respuesta estatal. Esta gravísima problemática requiere del trabajo conjunto y coordinado de los tres poderes del Estado y de la sociedad civil.

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La violencia de género es un fenómeno que tiene una dimensión y gravedad de tal magnitud que amerita una urgente revisión de los mecanismos y los recursos de la respuesta estatal.

Los juzgados de los fueros de Familia y de Paz de la provincia de Buenos Aires atraviesan, en su mayoría, una sobrecarga de expedientes de esta naturaleza.

Esta gravísima problemática requiere del trabajo conjunto y coordinado de los tres poderes del Estado y de la sociedad civil, como se dice en todos los foros y desde todos los sectores, sin embargo cuando se producen hechos irreversibles, como lesiones graves o femicidios, inmediatamente se responsabiliza a las y los magistrados intervinientes sin deslindar responsabilidades: la complejidad se simplifica en una respuesta muchas veces injusta y, a menudo, violenta.

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires destaca las siguientes cuestiones, que no agotan el problema pero que requieren un pronto tratamiento y solución:

  1. Urgente implementación de un convenio entre la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio de Seguridad a fin de articular lo necesario para que las comunicaciones entre los organismos judiciales y las fuerzas policiales sean efectuadas electrónicamente mediante los portales del sistema de gestión judicial y con firma digital. Dicha metodología resulta fundamental para optimizar la gestión de las notificaciones, de las medidas cautelares dictadas, la remisión inmediata de las denuncias y el diligenciamiento de todas las actuaciones tramitadas al respecto.
  2. Estos convenios deben alcanzar a todas las municipalidades de la provincia a fin de que tanto los Servicios Locales de Protección de los Derechos de la Niñez como las Direcciones de Políticas de Género cuenten con análoga tecnología compatible con el sistema de gestión judicial.
  3. Que se implementen en los municipios dispositivos que trabajen sobre masculinidades violentas, en particular con varones ya denunciados por ejercer violencia.
  4. Es necesario que todos los municipios cuenten con Botón Antipánico. También se debe avanzar con la provisión de otros dispositivos, como las tobilleras duales. El Poder Judicial solamente puede disponer la colocación de estos dispositivos, pero la provisión y su monitoreo depende de otros sectores del Estado.
  5. Muchos juzgados tienen vacantes de personal. Sigue habiendo tardanza en cubrir cargos vacantes a pesar de resultar acuciante dichas coberturas.
  6. Urge ampliar los Cuerpos Técnicos Interdisciplinarios de los juzgados, no se puede llevar adelante un acabado control de las medidas cautelares en violencia que se dictan con los cuerpos técnicos que existen en la actualidad. En departamentales del interior, los cuerpos técnicos se comparten con otros fueros.
  7. Existe una ostensible demora en la cobertura de los cargos vacantes de magistrados y magistradas (jueces, fiscales, defensores y asesores de incapaces), circunstancia que viene siendo destacada por este Colegio en sendos comunicados, y que motivó la presentación de un proyecto de ley de emergencia para agilizar el procedimiento de designación durante la pandemia.
  8. Necesidad de que se pongan en funcionamiento los juzgados que ya han sido creados por ley y que se creen más juzgados de Familia.
  9. Es necesario generar un trabajo conjunto con el fuero Penal para articular las mejores estrategias contra el flagelo de la violencia de género. Este Colegio compromete su esfuerzo en trabajar al respecto.
  10. Es necesaria la capacitación en materia de género de todas las agencias estatales, cumplimentándose definitivamente con los postulados de la “ley Micaela”.

Reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento de obligaciones que emanan de la legislación y de los instrumentos internacionales de derechos humanos, revalorizado el rol del Poder Judicial activo, presente y responsable que reconoce y acciona frente a desigualdades e injusticias.

(*) Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

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