El ministro de Justicia, Julio Alak, sostuvo que el país asiste a un peligroso festival de medidas cautelares contra el Estado, que paralizan la aplicación de legítimas normas y frustran el interés público.
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Asimismo, sostuvo que existen iniciativas que pretenden aumentar el número de representantes de las corporaciones de jueces, abogados y académicos dentro del Consejo de la Magistratura, en desmedro de la representación popular y en favor de la aristocratización del organismo.
En declaraciones radiales, Alak afirmó que algunos jueces han desnaturalizado su esencia, impidiendo la aplicación de normas dictadas por el Congreso o de decretos dictados conforme a lo establecido en la Constitución Nacional.
Las medidas cautelares son un remedio extraordinario y de aplicación restrictiva, sobre todo teniendo en cuenta la presunción de legitimidad de los actos del Poder Ejecutivo, enfatizó Alak.
En muchas medidas cautelares dictadas en los últimos meses -agregó el ministro-, no se ha tenido en cuenta la presunción doctrinaria de legitimidad de los actos de la administración pública, como así tampoco si se está afectando con dicha medida el interés público.
Este no es un pensamiento mío: la Corte Suprema de Justicia ha sostenido permanentemente que las medidas cautelares no pueden frustrar el interés público, indicó.
El ministro dijo que la voluntad popular se expresa en el Congreso y en el Poder Ejecutivo y que, por lo tanto, los jueces no son llamados a gobernar.
En otro orden, Alak manifestó que se está analizando la composición del Consejo de la Magistratura, y hay proyectos de reforma. En tal sentido no se puede perder de vista que el Poder Judicial no es de los jueces ni de los abogados, sino del Pueblo.
Hay que evitar que las reformas que se quieren imponer aristocraticen el Poder Judicial, advirtió.
Explicó que el Consejo de la Magistratura tiene una composición equilibrada entre los seis legisladores que representan a la voluntad popular y seis representantes de las corporaciones de jueces, abogados y académicos y sólo uno por el Poder Ejecutivo.
En un estado democrático -abundó el ministro-, hay que evitar que la representación de las corporaciones aumente y tengan influencia dominante sobre la representación popular, porque si esto sucediera, se estaría aristocratizando el Poder Judicial en desmedro de la representación popular.
Si queremos democratizar aun más el Consejo de la Magistratura habría que analizar la legitimidad de origen de los miembros propuestos por las corporaciones, y evaluar que sean electos por el voto popular, propuso.
Y si queremos profundizar aun más la democratización del Poder Judicial, deberíamos analizar que el ingreso de funcionarios y empleados se haga únicamente por concurso público, agregó.
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