La jueza Carmen Argibay, que falleció a los 74 años, tuvo una larga trayectoria como jurista y fue una férrea defensora de temas de género y derechos humanos.
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Argibay comenzó su carrera judicial en julio de 1959, cuando ingresó como empleada interina en el Juzgado Nacional en lo Correccional de la Capital Federal.
Luego ascendió hasta los cargos de secretaria interina y secretaria de actuación efectiva en diferentes dependencias, pero el 24 de marzo de 1976, cuando comenzó el último golpe militar, fue detenida en el penal de Devoto y quedó a disposición del Poder Ejecutivo, hasta que finalmente fue liberada nueve meses más tarde.
"Me vinieron a buscar la madrugada del golpe, a las tres de la mañana, y me tiraron la puerta abajo a tiros. En nombre de querer defender la Constitución, ellos la pisotearon", había recordado décadas más tarde.
Con el retorno de la democracia retomó su carrera judicial, fue nombrada jueza nacional de primera instancia y en 1988 fue ascendida a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
Argibay fue una de las primeras personas designadas para formar parte de la Corte Suprema cuando el entonces presidente Néstor Kirchner tomó la decisión política de renovar el máximo tribunal, luego de la llamada "mayoría automática" del menemismo.
Fue propuesta por Kirchner, debido a la consideración que se tenía de ella en el ámbito internacional, el 30 de diciembre de 2003, mientras que el Senado aprobó su designación el 7 de julio de 2004 y se convirtió en miembro de la Corte el 3 de febrero de 2005.
Fue así la primera mujer en ser nominada por un gobierno democrático para integrar el más alto tribunal de justicia de Argentina (Elena Highton, la segunda, fue nominada después pero ingresó a la Corte antes).
Pero ninguno de sus antecedentes laborales, ni sus fallos -entre los que se contaban la condena por tentativa de violación al entrenador de fútbol Héctor Bambino Veira- alentaron tantos cuestionamientos como su opinión en favor de la despenalización del aborto.
La mayoría de los cuestionamientos fueron por su defensa del "derecho de la mujer a disponer de su cuerpo": sus apreciaciones provocaron incluso malestar en la Iglesia y la Conferencia Episcopal Argentina consideró "poco felices" las declaraciones de la jurista.
Argibay tuvo otras frases que irritaron a sectores religiosos y conservadores como su autodefinición como "atea militante", pero no fueron motivo de impugnaciones en su designación en el máximo tribunal, aunque si fue cuestionada por no estar casada.
Argibay era integrante de la Asociación Internacional de Derecho Penal y miembro fundadora de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, organización que presidió desde 1998 hasta 2000, mientras que también fundó la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina.
Formó parte del Tribunal Internacional de Mujeres sobre Crímenes de Guerra para el Enjuiciamiento de la Esclavitud Sexual, que condenara en diciembre de 2000 al ejército japonés por los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial.
Y, en junio de 2001, fue nombrada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como jueza ad litem en el Tribunal Criminal Internacional que juzga crímenes de guerra en la ex Yugoslavia (ICTY por sus siglas en inglés).
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