Audaz, Ibarra abolió ayer a los inspectores

Como lo hizo Carlos Grosso en sus tiempos de intendente, Aníbal Ibarra ayer pulverizó la Dirección de Verificaciones y Habilitaciones del Gobierno porteño, es decir, terminó con los inspectores municipales, siempre sospechados.

La medida la dispuso Ibarra con el Decreto 2.116 y una resolución de la Secretaría de Control Comunal, la 612, mediante la cual se ordenó a la Policía Federal clausurar ocho pisos del edificio de Lavalle 1420 para que la escribanía general de la Ciudad realice un inventario. Se calcula que hay allí unos 25.000 expedientes, que llevaban 500 personas -300 inspectores- las que pasaron a estado de disponibilidad para ser reubicadas. Los empleados e inspectores se concentraron en la puerta del edificio rechazando la disposición que los hace cesar en sus funciones habituales.

El jefe de Gobierno dio las explicaciones del caso junto a la secretaria de Control Comunal, la radical Silvana Giudice, quien dejará el cargo el 10 de diciembre próximo para asumir una banca en Diputados que obtuvo de la mano del independiente Jorge Giorno. Junto a la funcionaria también se sentó el segundo, Marcelo Antuña, quien podría reemplazarla si es que Ibarra no decide poner allí a un hombre de Néstor Kirchner, algo que siempre ha negado que hará.

El jefe de Gobierno dijo que desarmaba así un foco de corrupción, como era la Dirección General de Verificaciones, donde se tramitaban la habilitación de locales comerciales, el control de comercios, salubridad pública, el uso y ocupación de la vía pública, geriátricos, hoteles y demás. Sin tener mucho éxito en esa tarea hasta ahora, ya que la calle sigue siendo lugar propicio para la venta ambulante. Lo es en pleno centro, en la misma Diagonal Norte frente al Palacio Municipal y más en los barrios donde abunda la venta de todo tipo, desde choripanes en las veredas hasta comidas caseras en paseos públicos.

• Nuevas modalidades

El año pasado Ibarra creó la Secretaría de Control Comunal para tener en una sola oficina todo lo referente a inspecciones en la Ciudad y se conformó la llamada Unidad Polivalente de Inspección (UPI), el Registro de Inspectores abierto en Internet y nuevas modalidades de gestión en la Dirección de Fiscalización de Obras y Catastro a pesar de la gran burocracia de ésta que requiere siempre gestores o similares.

Un número importante de inspectores fue cesanteado y algunos están procesados, desde que Ibarra asumió el gobierno, según se indicó ayer, e, incluso, hay causas penales por asociación ilícita.

Los 300 inspectores que fueron pasados a disponibilidad también fueron dados de baja en el registro que tiene acceso vía Internet.

Las habilitaciones ahora estarán a cargo de Profesionales Verificadores de Habilitaciones (PVH) y de la Unidad Polivalente de Inspectores (UPI), mientras que la Unidad Polivalente de Inspección será la encargada de realizar las inspecciones de rutina en locales ya habilitados y la que responda a denuncias formuladas por vecinos.

Grosso en su momento traspasó la tarea de habilitaciones a escribanos, pero luego se dieron cuenta de que también debían lidiar con los empleados de la estructura del área y se demoraban los trámites.

«A partir de ahora se conformará un registro de profesionales para realizar las tareas que correspondían a los inspectores, como ya se viene haciendo en otras áreas, como en los casos de verificación de obras o fachadas», explicó Ibarra en referencia a los cerca de 1.000 profesionales que tienen a cargo distintos controles en reemplazo de los inspectores municipales.

El Gobierno porteño indicó también que «algunos agentes de la Dirección General de Verificaciones han conformado vínculos que datan, en ciertos casos, de 15 a 30 años. Es decir que han atravesado distintas administraciones, incluida la de la última dictadura militar, hasta constituirse en redes de poder tanto hacia dentro de la administración pública como hacia el territorio de la Ciudad».

Los inspectores «seguirán cobrando sus sueldos», según dijo el jefe porteño, quien además insistió en que el objetivo de la medida es hacer «más transparente y eficiente» esa función. Recordó que anteriormente se tomaron medidas que no resultaron, como que el jefe de cada área indicara el recorrido a los inspectores. Sin embargo, resultaba que de 500 instrucciones se cumplían sólo 200.

Ibarra, al responder sobre la cuantificación de la supuesta corrupción de inspectores, exclamó: «Lo dijo Grosso: imagínese la magnitud», recordó. «Es como cuando hay una enfermedad: uno prueba con un antibiótico, con otro, y con otro. Pero si no cede, hay que operar. Ahora estamos en cirugía», sintetizó.