Alberto-Horacio con artillería para guerra por fondos: Nación ya arma ley. Ciudad, escrito a la Corte

Política

El Gobierno nacional ya trabaja en un proyecto para convertir en ley fondos para la Policía porteña que derivó a la provincia. Revisarán además convenio de traspaso de agentes de la Federal. Ciudad abulta presentación judicial. Recordará cómo se definió 1,40% histórico.

Horacio Rodríguez Larreta busca abultar con datos el reclamo que hará ante la Corte Suprema para reclamar la rebaja de los puntos de coparticipación, mientras el Gobierno avanza en su propia estrategia. Esos pasos son los que escribió Alberto Fernández en el decreto que se publicó la semana pasada (735/2020) y que, esconde una picardía adicional que aumenta el malhumor del Gobierno porteño.

Así, el Gobierno Nacional ya trabaja en la preparación de un proyecto de ley que comenzó a armar con cierta premura y que elevará al Congreso en cuanto esté pulido. Algunos arriesgan que será en breve.

Larreta, quiere fundar que el decreto de la poda es “inconstitucional” (será la parte más complicada) y “arbitrario”. Le quita 1,18% de la coparticipación que recibe la Ciudad, desde 2016, por la transferencia de parte de la Policía Federal, 19500 agentes y 54 comisarías entre otros traspasos.

Alberto Fernández, en cambio apunta a que sea el Congreso el que valide el contenido del decreto en cuestión que, en sus fundamentos, sostiene que la transferencia de fondos para mantener el servicio policial que se viene haciendo es mayor a lo que corresponde. Rebaja la partida a 2,32%, pero además señala que, cuando el Congreso apruebe “la transferencia de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad”, con la transferencia de recursos, de acuerdo a la ley de coparticipación “se fijará en un coeficiente” equivalente 1.40%. Hasta la publicación del reciente decreto nacional, el distrito porteño recibe de forma automática el 3.50% de “la copa”. De ese porcentaje el 1,40% es “el histórico” como se le suele llamar, el resto es por la transferencia de la Policía que se saca de fondos nacionales. Ese resto es el que rebaja la Nación y que, como dice el decreto, cuando el Congreso apruebe la norma ya no serán puntos coparticipables sino una suma fija anual que determinará el parlamento año a año.

De ahí la mortificación adicional para Larreta. Y para más, varios ministerios nacionales están trabajando en la redacción del proyecto de ley que no solamente apuntará a la disputa por el monto al que equivale la transferencia sino que también revisará el Convenio que firmaron Mauricio Macri y Larreta para transferir parte de la policía Federal. Ese escrito fue aprobado por la Legislatura porteña que también sancionó con amplio consenso de todos los bloques en aquel momento una ley integral de Seguridad, cuyo debate se extendió al punto de retrasar el pase de los agentes a la órbita porteña.

Por estas horas trabajan en la redacción del proyecto de ley, entre otras las áreas de Interior, a cargo de Wado de Pedro, Seguridad que conduce Sabina Frederic y la Legal y Técnica que comanda Vilma Ibarra.

Lo que no discutirá el Gobierno nacional es el 1,40% histórico. Ese porcentaje esconde una curiosidad ya que, si bien resulta intocable, también puede nutrir el escrito ante la Corte que enviará Larreta y a su vez fue un antecedente para el decreto de Macri que le aumentó los fondos a la Ciudad.

La historia recuerda, que cuando al Ciudad adquirió status de autónoma también recibió una ley, conocida como ley Cafiero, que impedía que el distrito contara con su propia Justicia y su propia Policía (se modificó en 2008), pero recibía fondos del estado nacional correspondientes a transferencia de escuelas entre otros. En 2003 Eduardo Duhalde era presidente y Aníbal Ibarra jefe de Gobierno. Mediante sus ministros de Hacienda convirtieron esos montos (por entonces $157 millones), equiparando a lo que era “la ex municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires” con las provincias. Esa negociación la llevaron adelante el actual presidente del Banco Central, Miguel Pesce, como secretario de Hacienda porteño (en esa época los funcionarios de la Capital no tenían título de ministros) y su par nacional, Roberto Lavagna. Toda una curiosidad que podría conformar parte de los antecedentes que Larreta quiere llevar a la Corte, ya que, esa decisión fue por decreto, el 705/2003, que impuso también que a partir de enero de ese año ya la Ciudad reciba los puntos de coparticipación y no una suma fija. Algo similar había ocurrido con Tierra del Fuego que también había dejado de ser territorio federal.

También por decreto Macri determinó aumentar la coparticipación de la Ciudad, citando como antecedente el decreto de Duhalde y ahora Alberto a su vez con el mismo instrumento la rebaja la coparticipación porteña, pero con una diferencia: hará pasar por el Congreso la aprobación de la operatoria que, a la inversa del 1,40 histórico impondría una suma fija por la transferencia de la policía.

La pelea anticipa otra puja: el traspaso de más competencias judiciales a la Ciudad que también, como reza la Constitución debe ir acompañado por los fondos correspondientes. Pero ese caso no desvela al Gobierno porteño. Por ahora.

Mientras, está prevista para estos días una reunión entre el Presidente y el jefe de Gobierno para acercar posiciones y continuar en sintonía el manejo del aislamiento preventivo, cuya continuidad se anunciará antes del fin de semana. En otra pelea, el Gobierno porteño insistirá con permitir el uso de mesas en terrazas y patios de bares, habilitar la actividad de la construcción y abrir escuelas del distrito para 15 alumnos por turnos de dos horas.

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