Condena a Cristina Kirchner por Vialidad: cuál es la hoja de ruta que prepara la Corte Suprema para definirla

Antes de las elecciones provinciales y previo a una fecha “patria” se conocerá la decisión. Descuentan que la respuesta política será insistir en la ampliación del máximo Tribunal. Campaña hasta el último instante y agenda sin cambios en el campamento K.

Cristina Kirchner en una de las audiencias del juicio por Vialidad, origen de la condena que está en manos de la Corte Suprema. 

La semana que pasó estuvo dominada por la histeria colectiva en torno al fallo sobre la causa Vialidad que convalidaría la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La única certeza es que la que comienza, profundizará esa sensación, aunque con la misma indefinición: nadie sabe, en realidad, cuándo ocurrirá.

La Corte Suprema hizo lo habitual en las causas de alto voltaje político: hundió el periscopio, hizo silencio de radio y se blindó en su hermetismo. Cierto es que hubo un par de menciones al caso en reuniones privadas –durante las últimas dos semanas- que dieron lugar al reguero de rumores. También hubo intencionadas maniobras para poner en pánico al kirchnerismo. Por ejemplo, las que mencionaban que el jueves último, el máximo tribunal iba a sellar la suerte de la ex presidenta. Desconocían, quizá, que el acuerdo de ministros de la semana pasada se iba a llevar a cabo el martes y que la agenda de temas estaba cerrada desde el lunes a la noche. No estaba Vialidad.

Eso no impidió especular que fallarían hasta última hora del viernes, incluso con la difusión de una imagen del juez del Tribunal Oral Federal N°2 Jorge Gorini visitando las instalaciones de la Alcaidía de la calle Cavia, ante un eventual destino de detención para Cristina. La foto era de 2022 pero nada impidió que se magnificaran las maquinaciones.

Despejada la hojarasca, el escenario actual es el siguiente: la Corte Suprema tiene en estudio Vialidad desde hace algunas semanas y apunta a tener una definición previa a la elección de autoridades tanto provinciales como nacionales, en una señal de que no teme pronunciarse con efecto directo en el calendario electoral. Hay precedentes en el mismo sentido que abandonaron el clásico de otras integraciones del tribunal que evitaban temas que podrían incidir en el mapa electoral. Eso no será un obstáculo.

Altas fuentes judiciales confirmaron a Ámbito que la Corte apunta a pronunciarse antes de una fecha patria y previo al límite que impone la inscripción de candidaturas a las elecciones en la Provincia de Buenos Aires del 19 de julio. Coincide, además, con el comienzo de la feria judicial de invierno. También que –basado en sus propios precedentes- es muy difícil que abra la queja y revierta los argumentos condenatorios a favor de las defensas. Hoy es más proclive a confirmar lo actuado en la instancia de juicio y en la Cámara de Casación mediante algunos de los caminos posibles como puede ser la aplicación del artículo 280 que avala el rechazo de los recursos de queja sin explicación. Queda así en un segundo orden las severas inconsistencias jurídicas que arrastra el caso desde sus inicios y que no hicieron otra cosa que profundizarse con los parches agregados en las distintas instancias.

Las mismas fuentes judiciales afirmaron ante este diario que los recursos deducidos por la defensa de Cristina Kirchner no son complejos, por ende, su resolución no exigirá un despliegue en la respuesta. Señalan como indicio lo que ocurrió el 29 de mayo en la causa denominada “Ruta del dinero”, donde se desestimó un recurso que objetaba la inclusión de una ONG ligada al macrismo en la instancia de Casación. Párrafo aparte será evaluar el efecto a futuro que puede tener que cualquier sello se inmiscuya en un expediente político en la instancia de revisión de Casación, un precedente de doble filo.

Las señales en el horizonte

Lo que pasó con Lázaro Báez en ese expediente está directamente conectado con Vialidad. Esa fue la señal premonitoria hacia el campamento kirchnerista de que no deberían esperar buenas noticias. Pero se hizo notar que las acordadas de esta Corte Suprema ya no requieren que los fallos sean firmados en los días previstos para el Acuerdo semanal –los martes o los jueves en caso de semanas con feriados- y que tanto Horacio Rosatti, como Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti pueden aplicar sus rúbricas con sus correspondientes “tokens” mientras estén en cualquier parte del territorio nacional, en cualquier día y de forma remota.

En los mismos pasillos del cuarto piso del Palacio de Tribunales reconocieron que la presión mediática fue subiendo de tono pero que no tuvo su correlato en la política y que, para el caso, no llegaron emisarios que porten mensajes, como en otros casos de similar voltaje y a las puertas de una elección. Hubo más ansiedad periodística que movimiento político. Donde sí emergió un interés en el resultado del conflicto fue en el mundo empresarial donde la vigencia de Cristina Kirchner y su sustento electoral son motivo de preocupación en algunos sectores de poder. Extendieron consultas para intentar sondear un resultado con el temor de que pueda ser favorable a la ex presidenta.

Hay escenarios contingentes que se barajan en estas horas y que ubican a Rosenkrantz analizando si corresponde abrir la queja de la fiscalía en torno a la aplicación de la figura de asociación ilícita –como lo reclamó el Ministerio Público Fiscal y avaló el Procurador Eduardo Casal-, lo que abre otro camino. Aunque por el momento son meras elucubraciones, habría que acudir al bolillero de sorteo de conjueces. “Está en movimiento constante y es imparable”, señalaron a Ámbito sobre su utilización, monitoreada por más de una decena de personas y filmado de todos los ángulos posibles para garantizar que no haya “bolillas calientes”. De hecho, esta semana habrá conjueces sorteados para intervenir en una serie de expedientes en los que no hay acuerdo entre los tres integrantes de la Corte y que tienen como protagonista saliente a Tabacalera Sarandí.

Como sea, si eso llega a ocurrir, puede dilatarse la definición pero no más allá de la fecha estipulada para la oficialización de candidaturas. Todo indica que, en estas condiciones, Cristina Kirchner no podría competir en las elecciones provinciales tal como fue anunciado. Eso también explica por qué en un sector que responde al gobernador Axel Kicillof buscó saber si habría un fallo el jueves pasado, basados en alguna corazonada y en cierta ansiedad sobre cómo puede quedar configurado el mapa político en el PJ tras esta sentencia.

La Corte Suprema es plenamente consciente que la definición de Vialidad traerá aparejada la respuesta política de ampliación de miembros del máximo Tribunal que está en la mesa de discusión. Parece no amedrentar que oficialismo y oposición hagan la misma lectura secundaria: la Corte en su mínima expresión de miembros puede avanzar en su actual agenda temática que ha sido castigar a una porción del funcionariado envuelto en expedientes de presunta corrupción.

La respuesta de Cristina: mantener la agenda

En la intimidad, la ex presidenta podría definirse con el meme de “harta”. Afirma que no está dispuesta a ser tomada de rehén por la Corte con una indefinición prolongada pero tampoco prefiere que los tiempos se aceleren tanto, y se pregunta cómo se consumió su crédito político con el máximo Tribunal luego de haber colaborado para evitar la nominación de candidatos que propuso Javier Milei. Por eso el efecto inmediato de la sentencia será dejar preparado el terreno de una ampliación, algo que en el cuarto piso de Talcahuano 550 incluyen en el cálculo.

Todavía no tiene definido cuál será el lugar de residencia que fijará para cuando, eventualmente, le sea concedida la prisión domiciliaria, algo que el TOF 2 deberá avalar. Podría ser el departamento céntrico en el barrio de Constitución. Como ya mencionó Ámbito, Cristina avizora su propio “Puerta de Hierro”, desde el lugar donde continuará con su agenda política y adaptará las restricciones sin modificar su índice de participación en la arena pública. Por las dudas, este lunes desde el Instituto Patria se convocó a una reunión con amplios sectores afines al peronismo, legisladores y representantes sindicales, todos en alerta y movilización. Es la búsqueda de masa crítica combinada con una ausencia total de información acerca de cuándo se desencadenarán los acontecimientos.

Si bien no la entusiasmaba en nada su candidatura por la Tercera Sección electoral de la provincia de Buenos Aires, su estrategia era retener la porción de poder que le permita exhibir buenos resultados electorales y poner bajo el brazo, de cara a las nacionales, el liderazgo del PJ. Seguirá imperturbable con ese objetivo hasta el instante previo a que vea la luz la decisión de la Corte. Actos y agenda full time, afirman en su entorno.

En una triple lectura de los acontecimientos, un aspecto de la eventual condena la beneficiaría: preserva su historial electoral, convierte la proscripción en leyenda y la coloca en una centralidad ineludible para la consulta. Así se imaginan un escenario posfallo que reconfigura el mapa del poder en el principal bastión opositor.

Los giros de ANSES en la mira

Aunque el microclima porteño no saque los ojos del expediente Vialidad hay cuestiones que se cuecen en paralelo y es donde tienen la mirada los gobernadores. Si este martes se excitarán todos los pronósticos sobre este fallo será el turno del sorteo de conjueces para Tabacalera Sarandí y asociados pero el 25 de junio está prevista la audiencia de conciliación en el litigio que inició la provincia de Santa Fe contra el Estado Nacional por incumplimiento en el giro de fondos de ANSES. Es un tema extremadamente sensible en el que están anotadas muchas provincias.

Desde 2020, ANSES arrastra deuda por el pago de compensaciones por la no transferencia de la Caja de Jubilaciones. La Corte movió sus fichas por competencia originaria y notificó a Sandra Pettovello por Capital Humano. Es contra el Decreto 280/2024 que suspendió los adelantos mensuales automáticos. Es un reclamo multimillonario porque se apoya en que Nación debe cubrir los déficits de las cajas no transferidas en la década del 90.

Córdoba firmó un acuerdo, el 25 la provincia que gobierna Maximiliano Pullaro tendrá su audiencia conciliatoria (pedida por ANSES), para escuchar una eventual oferta de pago. Mientras tanto, hacen fila La Pampa y Entre Ríos entre otras provincias. Esta última presentó una demanda, pero un tanto floja de papeles respecto a otros distritos, según quienes analizaron el expediente, lo que podría colocarla en zona de riesgo en su litigio.