El Senado votará hoy el proyecto para crear una comisión investigadora sobre las presuntas irregularidades cometidas por las exportadoras de cereales en la presentación de declaraciones juradas de venta de granos para evitar el pago de mayores retenciones. El proyecto final llegó tras un acuerdo entre el kirchnerismo y el radicalismo sobre la intención de investigar a los exportadores y finalmente no será sólo del Senado sino que la comisión se constituirá como bicameral. Por lo tanto la creación de ese cuerpo que hoy aprobará el Senado no será por una resolución sino que Miguel Pichetto, jefe del bloque kirchnerista, y el mendocino Ernesto Sanz, de la UCR, terminaron redactando una ley.
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En el recinto, de todas formas, se analizarán los proyectos del oficialismo y de la oposición, para lo que ya existe un preacuerdo entre la mayoría de las bancadas, que terminará con un texto común.
La investigación partió de la denuncia del ex diputado Rafael Martínez Raimonda y de Mario Cafiero a la que siguió otra de la ONCCA. Martínez Raimonda sostuvo, y de hecho consiguió aprobar una ley para limitar esas prácticas, que las cerealeras presentaron en 2007 declaraciones juradas sobre ventas de granos al exterior sobre cereales que aún no habían sido cosechados. De esa forma, se denunció, se garantizaron la fijación de retenciones sobre un precio menor de soja, trigo o maíz y, además, una alícuota más baja ya que muchas de esas operaciones se liquidaron con una retención de 27% cuando al momento del embarque el gobierno ya las había subido a 35%.
El monto de la presunta evasión que se investigará, de acuerdo con la denuncia de la ONCCA, sería de u$s 1.700 millones y las principales empresas que serán citadas al Congreso a declarar son Cargill, Molinos Río de la Plata, Bunge Argentina y Louis Dreyfuss.
Ahora no sólo seis senadores, como se pensó hasta ayer, se harán cargo de la investigación: también los diputados estarán involucrados,como cuando bajo el comando de Elisa Carrió investigaron las denuncias sobre lavado de dinero que habían comenzado a ventilarse en el subcomité de Investigaciones del Senado de los Estados Unidos.
Los senadores y diputados tendrán facultades para citar a testigos, llevarlos al Congreso por la fuerza pública e inclusive pedir su detención si se considera que prestan falso testimonio. También podrán ordenar allanamientos y exigir a las empresas la presentación de la documentación.
Así será votada hoy en el Senado con el apoyo de oficialistas y radicales y aunque la idea del gobierno es apurar el trámite y emitir un despacho final sobre el comportamiento de las cerealeras lo antes posible, el kirchnerismo ya le puso límites a tanto poder para investigar. Temen que, como en otras ocasiones, el fervor parlamentario por poner en el banquillo a las cerealeras termine complicando después la investigación judicial.
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