Congreso: gobierno, forzado a negociar por leyes clave

La tensión entre el Senado y el gobierno de Néstor Kirchner amenaza con propagarse a Diputados, a pesar del receso invernal que continuará esta semana, excepto para el juicio político contra Eduardo Moliné O'Connor (ver aparte). Opositores y oficialistas, salvo los que responden ortodoxamente al Presidente como los Talcahuano Boys, sienten malestar por el trato que se les dispensa desde el Ejecutivo, aunque prefieren expresarlo con sordina y, por el momento, se disciplinan, tarde o temprano, a cualquier ley. Saben que llevan las de perder si se enfrentan con un mandatario al que, supuestamente, avala de manera abrumadora la opinión pública.

• Los PJ tienen ciertas ventajas sobre radicales, aristas o provinciales. Esperarán en el bloque a Roberto Lavagna para destrabar el paquete antievasión y la compensación a bancos por el pago de amparos a cotización de cambio libre. Finalmente, le darán lo que pide el ministro de Economía, negociación mediante (y no sólo con el Fondo). La invitación a Estados Unidos de Kirchner a Eduardo Camaño sirvió para despejar algunos resquemores del duhaldismo y preparar el terreno para que el Ejecutivo remita al Parlamento iniciativas clave a partir de la primera semana de agosto. Ahora, habría que extender los mimos dispensados al titular de la Cámara baja al resto del peronismo de Diputados y del Senado.

Puede que charlas entre legisladores y ministros sirvan para diluir dudas. Eso no significa que se evaporen, en forma instantánea, los conflictos disimulados que afectan la relación entre estos poderes del Estado, especialmente por la política territorial que despliega el kirchnerismo en el interior. Estos choques pueden afectar o demorar, en el futuro, la aprobación de proyectos.

•Inquietud

Una vez que salga de la Cámara alta la prórroga de poderes al gobierno para negociar contratos de servicios públicos, los peronistas intentarán un encuentro con Julio De Vido para pactar reglas de juego claras. Anticipan, sotto voce, cierta inquietud porque se trata de un tema sensible, el de las tarifas, más difícil de consensuar que las iniciativas que tienen que ver sólo con Economía.

Muchos diputados saben que puede volvérseles en contra cualquier resolución en ese sentido, sobre todo con elecciones provinciales todavía pendientes. Por eso, están alerta y buscan reaseguros, aun cuando -mayoritariamente-coincidan en que lo más conveniente es que el gobierno se haga cargo de negociar, pero con ciertas restricciones. Por eso, en el Senado habrá correcciones al texto, previa conversación con Lavagna y De Vido el 12 de agosto.

En las comarcas opositoras se conforman reflexionando que si Kirchner o sus ministros ni siquiera reciben en grupo a sus legisladores, mal podría hacerlo con radicales o provinciales. Ni hablar de subirlos alTango 01 de excursión a Europa o a EE.UU. Veamos, entonces, algunas expresiones sugestivas:

• El radicalismo, mediante un pronunciamiento de la Convención Nacional, salió ayer a poner distancia del gobierno y recomendó a sus legisladores nacionales que deroguen la ley de ampliación de la Corte, de manera tal de volver a los 5 miembros originales. La idea ya había sido propuesta por los demócratas progresistas, apenas comenzó la embestida contra ministros del máximo tribunal. Los caciques del PDP, que forman parte de la alianza lopezmurphista, imaginaron un sistema de sorteos para que la Corte siga emitiendo fallos, hasta llegar al quinteto de jueces, sea por renuncias, fallecimientos o destituciones por juicio político. La Academia Nacional de Derecho también salió a predicar en favor de retornar al viejo número de magistrados.

La UCR, aun cuando haga un planteo testimonial (el gobierno piensa cubrir las vacantes, tal cual marca la promoción de Eugenio Zaffaroni en reemplazo de Julio Nazareno), igual que el de Alberto Natale y Rafael Martínez Raymonda, marca una tendencia diferenciadora de la oposición hacia el Ejecutivo, reforzada por el reclamo del diputado Edgardo Grosso (UCR-Córdoba) de que renuncie la esposa de De Vido, Alessandra Miniccelli, a la SIGEN.

• Los provinciales tampoco ocultan sus críticas hacia el gobierno, aunque -como los radicales y los propios peronistas disidentes-lo hacen con moderación (no es costumbre cargar contra un presidente recién asumido, al menos, desde 1983 hasta la fecha). El Interbloque Federal que animan aliados a Ricardo López Murphy y otros legisladores que se reportan a jefes de distritos (por ejemplo, populares neuquinos o federalistas bonaerenses de Luis Patti) hicieron, vía Natale, una vivisección de la iniciativa que envió el Ejecutivo para conseguir una prórroga a las facultades de negociación con las empresas de servicios públicos. A la espera de conciliar posiciones con Lavagna y De Vido, el proyecto está paralizado en el Senado a raíz de objeciones legales y políticas (que exceden esta cuestión y tienen que ver con la forma en que el kirchnerismo alienta candidaturas por afuera de los PJ locales).

En sintonía con lo que opinan muchos justicialistas de ambas alas parlamentarias, Natale aseguró que «en el primer artículo se extiende hasta el 31/12/2004 el plazo para la renegociación dispuesta por la Ley 25.562; esto implica mantener la incertidumbre de usuarios o concesionarios durante casi 3 años después de la devaluación». «En el siguiente punto no se establece ninguna limitación al gobierno, ni siquiera aquellas que provienen de los marcos regulatorios, lo cual significa que el Ejecutivo acordará lo que quiera, sin ningún tipo de restricción, siendo muy peligroso para la estabilidad de las relaciones contractuales».

En el segundo párrafo de este mismo artículo se confunde el papel de los entes reguladores, a juicio del diputado. «Las políticas son fijadas por los órganos del Estado (Ejecutivo y Legislativo); los entes reguladores tienen por misión implementar las disposiciones de los marcos regulatorios».

«En el artículo 3° se insiste en la absoluta discrecionalidad del gobierno para renegociar contratos, lo que provoca que se dejen de lado todas las estipulaciones resultantes de los marcos y licitaciones que precedieron a las adjudicaciones.»

Finalmente, en el artículo 4° se fija un procedimiento de aprobación ficta de las renegociaciones, «que en los hechos, determinará la exclusión de un control legislativo cierto, eficaz y transparente», concluyó Natale.