Demoran la amnistía para frenar incidentes el 20 de diciembre

El 20 de diciembre, día en que los piqueteros duros realizarán una megamovilización a dos años de la renuncia de Fernando de la Rúa, es la fecha corset en el calendario de Néstor Kirchner para resolver el pedido de los clanes sobre un perdón masivo para los activistas procesados.

A pesar de que todavía el gobierno no definió el formato de esa medida -se manejan varias alternativas-, el temor a que para fin de año recrudezca el combate de las tribus duras contra Kirchner, obligó a los funcionarios a apurar la discusión sobre el formato final de ese perdón.

En rigor, antes el propio Kirchner debe anudar una decisión de fondo: si efectivamente, más allá de las promesas públicas de desprocesamiento que inició el 25 de mayo en su discurso de asunción y luego ratificó, llegará a tomar cuerpo su oferta descriminalizadora.

Lo hizo, tras la crisis por el Ministerio de Trabajo, ante Hebe de Bonafini, Luis D'Elía (FTV-CTA), Juan Carlos Alderete de la CCC y una delegación de la MTD Aníbal Verón.

• Criterio

Esa indefinición abre brechas en el Ejecutivo sobre qué criterio priorizar respecto al tema. «Perdonar a los piqueteros puede darnos calma por un tiempo, pero también enojar a mucha gente que se enoja o asusta con los piquetes» reveló ayer una fuente del gobierno.

Sin embargo, desde un ala técnica, advierten que «por ahora el Presidente sólo pidió armar la comisión para buscar una propuesta contra la criminalización de la protesta social». En rigor, la duda es ver qué formato se le da al «perdón piquetero» que beneficiaría a 3.000 procesados.

Por lo pronto, fuentes del gobierno dijeron ayer que ni el proyecto de amnistía impulsado por un grupo de legisladores y organizaciones de Derechos Humanos ni el de la CTA que propone «desprocesar», encarnan la idea del Presidente.

En cambio, aunque no hay una sola postura al respecto, las alternativas que baraja el gobierno pasan por dos líneas:

• Un indulto, facultad presidencial que no requiere, como una amnistía, apoyo parlamentario. A Kirchner no le termina de agradar, pero es motivo de análisis sobre todo porque urgido por la presión piquetera y ante la amenaza de incidentes, el Presidente podría blandir esa medida para calmar -o intentar-a las organizaciones más duras. Los detractores de este mecanismo arguyen una cuestión legal -no se puede indultar a procesados, algo que hizo Carlos Menem y antes Roberto Viola-y otra política: indultar anula la pena, pero no exime de culpa lo que daría a entender que los piqueteros fueron «culpables» y Kirchner los absolvió.

• Una ley que declare la extinción de las causas penales en las que aparecen procesados los piqueteros. Como actor público, el Estado podría dictar una norma que anule las acciones penales ocurridas en un período determinado de tiempo y vinculados a determinados casos. En ese caso, los procesados quedarían «limpios» porque las imputaciones anteriores perderían validez.

De todos modos, ambas opciones no incluyen un reclamo uniforme de las organizaciones tanto duras como blandas para que las acciones futuras de los piqueteros tampoco sean pasibles de procesamientos judiciales. La exigencia refiere a una especie de «cobertura» anticipada.

Sobre el punto hay también muchas dudas. Diseñar una ley que declare no punible las acciones penales o contravencionales en determinadas condiciones -por caso protestas callejeras-presenta muchos flancos porque podría ser malinterpretada.