Desborde piquetero divide al oficialismo

Tanto desconcierto se advierte en el gobierno frente al avance piquetero, que hasta dos exitosos socios políticos como Aníbal Ibarra y Néstor Kirchner han terminado confrontando. El jefe porteño se opone a la última entrega de tierras prometida por la ministra Alicia Kirchner (a quienes ocuparon los terrenos linderos al ferrocarril en Palermo), mientras desde la Casa Rosada se reclama la mayor de las cautelas -lo que supone permisividad ante los reclamos- para no irritar a los piqueteros antes del 20 de diciembre, jornada clave para este movimiento, que ya anunció una manifestación en Plaza de Mayo para ese día. A la prudencia oficial se añade, como contrapartida, la presión de estos grupos para obtener todo lo posible antes de esa fecha. En el medio está la discusión de un indulto o amnistía a piqueteros procesados que el gobierno quiere usar también como prenda de negociación para evitar incidentes ese día. Son tan pocas las alternativas imaginadas para frenar a los piqueteros -¿acaso se resuelve con 100 o 200 mil planes Trabajar más?- que en el gobierno hay quienes han pensado en la convocatoria a un plebiscito para dirimir, en las urnas, la forma de solucionar este conflicto. Por supuesto, nadie sabe cuál es la pregunta a formular, sólo está clara -en quienes impulsan esta medida- la voluntad de no imponer desde el Estado la responsabilidad que le corresponde al Estado. Sin que sea grave el distanciamiento Kirchner-Ibarra y, mucho menos, que ambos se desdigan de sus inclinaciones sociales, lo cierto es que el porteño se inquieta por los desbordes sucedidos, las tensiones que en el mismo orden se advierten en otros barrios (Lugano, por ejemplo) y, también, porque entiende que no corresponde ceder tierras a quienes intempestivamente las ocupan. El Presidente, a su vez, quizá piensa igual, pero su prioridad pasa por la fecha del 20, sin saberse aún la importancia de que ese día se junte más o menos gente vinculada a los piqueteros. Anoche las diferencias entre ellos se expresaban en que, si bien el gobierno nacional puede entregar tierras de su pertenencia en Capital, le corresponderá al Gobierno de la Ciudad conceder las autorizaciones para la construcción. O impedir el establecimiento de villas.

El gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires protagonizaron ayer una sorpresiva disputa en torno a quién asume la responsabilidad con respecto a las 70 familias del Movimiento Teresa Rodríguez que desocuparon un terreno que habían usurpado en el barrio porteño de Palermo. Para el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, «no se puede premiar la lógica de la ilegalidad». Desde la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV), voceros del subsecretario Ernesto Scelzer agregaron que «no es un problema nuestro». Sin embargo, quienes negociaron durante el fin de semana con el grupo piquetero que lidera Antonio Bitto fue la gente de Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social, de quien depende el plan Arraigo, donde volverán a reunirse hoy, presumiblemente sin tener todavía una solución. Aún se recuerda un episodio donde el gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, se negó a dialogar con grupos piqueteros desde una actitud violenta como era un corte de ruta, y otro íntimo de Néstor Kirchner, en este caso el ministro de Planificación e Infraestructura, Julio De Vido, fue el que terminó negociando con los rebeldes en desmedro de la autoridad provincial.

Ibarra, que sabe de estos antecedentes, aseguró ayer que «encaró las negociaciones para el desalojo del lugar, cosa que se obtuvo».

Para el jefe de Gobierno la cuestión es terminante: «La Ciudad no aceptará que así se construyan viviendas porque no se puede premiar la lógica de la ilegalidad», reiteró. Después de todo el jefe del Frepaso ya sabe que se está alentando un cacerolazo porteño contra los piqueteros; y hay mediciones que señalan con amplitud que más de la mitad de la sociedad está harta y rechaza las marchas de los desocupados.

• Amistad

El problema se plantea para el jefe del plan Arraigo, que pertenece al gobierno nacional, Héctor Metón, que hasta para sus propios subordinados permanece inhallable. Dependiente de la ministra Kirchner, asumió el compromiso con Bitto y las 70 familias que estaban ocupando el terreno en Santa Fe y Bullrich, para que se fueran de allí, y que se les daría terreno y vivienda. Tanto es así que los propios piqueteros se refieren a Ibarra como si fuera una pieza menor en este ajedrez: «Por decreto tuvo que volver a las seis horas en los subterráneos; es muy amigo de Roggio pero es más amigo del poder», dijo ayer el propio Bitto. Si la Ciudad no quiere y la Nación no puede, ¿quién se hará hoy responsable de las promesas a estas 70 familias?

Ibarra discurre y afirma que «si uno privilegia el hecho de que se acceda a un lugar por la fuerza, lo que está diciendo es: `métase todo el mundo en un predio y de esta forma se obtienen las cosas`». En la misma línea, aseguró que « protestar y reclamar porque estas cosas se hagan bien es correcto, pero no puede ser que se cometa un delito y encima se premie al que lo haga».