Dura crítica de jueces por los dichos de Cristina sobre "precios" para conceder excarcelaciones

La Federación Argentina de la Magistratura (FAM) y la Asociación de Magistrados criticaron a la presidenta Cristina Kirchner por haber deslizado que hay "precios" para que los jueces liberen gente y advirtieron que si sabe de un delito está obligada a "ponerle fin".

La Asociación de Magistrados le pidió a la mandataria que "haga públicos los nombres omitidos en su afirmación", mientras que la FAM pidió que presente "inmediatamente las pruebas" sobre lo que dijo durante su discurso ante la Asamblea Legislativa.

Los jueces salieron al cruce a las expresiones de la mandataria, quien al abrir las sesiones ordinarias del Congreso, dijo que se necesitan "jueces que no liberen criminales porque están tabulados los precios de las excarcelaciones".

Mediante un comunicado, la Asociación que encabeza Ricardo Recondo sostuvo que la afirmación de la Presidenta "da cuenta del conocimiento que tendría acerca de la comisión de delitos que -como funcionaria pública- está obligada a denunciar".

"Se requiere -con la premura del caso- que la Dra. Fernández de Kirchner haga públicos los nombres omitidos en su afirmación, a fin de que por los carriles constitucionales pertinentes se pueda juzgar y, de corresponder, expulsar del Poder Judicial a los magistrados supuestamente infieles", afirmó la agrupación.

El comunicado sostiene que estas denuncias son entendidas como "como un nuevo intento de indebida presión" sobre el Poder Judicial, "máxime considerando la investidura de quien las profirió y el ámbito en el cual lo hizo".

En tanto, el titular de la Federación de la Magistratura, Abel Fleming, expresó su "mayor preocupación por las declaraciones de la Presidente de la Nación respecto de que existen jueces que cobran por las excarcelaciones".

En este sentido, advirtió que "la ley obliga a todos los funcionarios a arbitrar los medios para poner fin a un delito en curso del que tomen conocimiento", y recordó que "la Presidente también está alcanzada por esta obligación".

Fleming resaltó en este sentido que la jefa de Estado "tiene el deber de poner en marcha el sistema judicial para que investigue, separe y castigue a esos funcionarios a los que alude, si existen".

Agregó a través de un comunicado que "la FAM confía en que la Presidente aportará inmediatamente las pruebas que posibiliten la transparencia pública y remedien el inmerecido manto de sospecha propiciado con sus acusaciones imprecisas y generalizadas".

También se pronunció el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense que estimó que realizar una acusación de un delito que "de existir, resultaría aberrante y urgente, mientras paralelamente no se observa acción alguna para evitarlo, colocaría por omisión a quien la sustenta en abierta violación de los deberes" que le impone la Constitución Nacional".