Gobierno solicitó que se autorice práctica militar con los EE.UU.

Néstor Kirchner dio el primer paso hacia las relaciones maduras con EE.UU., y envió al Congreso un proyecto de ley para que se autorice la salida de infantes de Marina de la Armada de Guerra para participar junto a marines en el ejercicio Unitas Ribereño 2003 en Paraguay.

El proyecto entró al Congreso el 12 de junio pero aún no está aprobado. El canciller Rafael Bielsa se interesó por el trámite legislativo demorado en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados -capitalizó la frase de Colin Powell: «A nosotros no nos molesta que nos digan que no en temas sensibles, lo que nos molesta es que nos digan que sí y luego que no en los medios»-, pues las maniobras comienzan mañana y las tropas están retenidas a la espera del sí del Congreso.

• Llegada

En el transcurso de hoy y mañana llegan a Paraguay los infantes de marina estadounidenses y los marinos de Bolivia, quienes junto a los paraguayos esperan a los marinos argentinos para comenzar el Unitas Ribereño 2003. Son prácticas de tiro, de combate cuerpo a cuerpo, de desembarco, que se desarrollarán en la zona de Puerto Rosario, Paraguay, con el objetivo primario de brindar seguridad a la hidrovía Paraná-Paraguay.

En forma coincidente, hoy, el presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y el mandatario electo de Paraguay, Nicanor Duarte Frutos, evaluarán en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), los mecanismos para impulsar las actividades de transporte y comercialización en la hidrovía. Puerto Rosario está ubicado en San Pedro, uno de los departamentos más conflictivos del país.

Los ejercicios se realizarán entre el 25 de junio y el 13 de julio, los marines pertenecen a la guarnición de Camp Le Jeune, Carolina del Norte. Unitas Ribereño 2003 es uno de los tantos programas establecidos por los norteamericanos para interoperabilidad entre las marinas de guerra de la región. Otro trámite legislativo demorado con aristas sensibles para el gobierno nacional es la autorización para que ingresen las tripulaciones norteamericanas y sus aviones de caza F-16 para el ejercicio Aguila III, organizado por la Fuerza Aérea Argentina.

• Pedido

Eduardo Duhalde remitió al Congreso el 23 de mayo -dos días antes del traspaso del poder a Kirchner-, el pedido para que se autorice la entrada al país de efectivos de la fuerza aérea norteamericana (USAF). En esas maniobras de combate aéreo avanzado intervienen Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. Jorge Villaverde, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, devolvió el expediente, pues la fecha del Aguila III (programado en principio para junio) se prorrogó; se haría en octubre en la provincia de Mendoza; y el Congreso quiere que sea Kirchner el que ahora curse nuevamente tal solicitud.

Kirchner tendrá su bautismo de fuego por este asunto con el titular de la Fuerza Aérea, brigadier Carlos Rhode, quien este jueves visitará la Casa de Gobierno para conocer la decisión final del Presidente respecto del amplio temario de la relación castrense con los Estados Unidos. El trámite legislativo del Aguila III debe resolver además un tema sensible que ocupará a Bielsa: el otorgamiento de la inmunidad que los Estados Unidos piden para las tropas que se despliegan en el extranjero tras la puesta en funcionamiento del Tratado de Roma que la Argentina firmó y ratificó; y por el cual se creó la Corte Penal Internacional.

Este tribunal se encarga de juzgar crímenes de guerra, genocidio, lesa humanidad y delitos de agresión cometidos en cualquier parte del mundo. La ONU extendió recientemente un año más la inmunidad total a los cuerpos de paz estadounidenses.

El tema de la inmunidad fue conversado muy al pasar entre Bielsa y los jefes militares en una reunión reservada que tuvo lugar el jueves pasado a las 10 en la sede diplomática de la calle Esmeralda. Pero guarda estrecha relación con el tema de fondo que sí se trató: la posición del presidente Kirchner de «no limitar» las extradiciones de militares sometidos a procesos en el extranjero. (Ver nota aparte.) Es que para un observador político norteamericano puede no ser suficiente garantía la inmunidad si el gobierno de Kirchner se muestra prescindente con imputados nacionales propios requeridos por terceros países.

• Sin consenso

Bielsa, explicó un colaborador directo, sostiene que todavía no hay consenso para dar un giro a la política de rechazar los pedidos de extradición de militares cuando se refieren a hechos ocurridos en jurisdicción nacional. Y tiene razón. Existen numerosos estudios en los gabinetes de los ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores teñidos del color político de la gestión de turno.

De todos ellos, uno escrito por el entonces representante especial para Derechos Humanos de la Cancillería, Leandro Despouy, para asesoramiento de Adalberto Rodríguez Giavarini, en un caso de extradición, arroja luz sobre la novedosa política de «no limitar» de Kirchner: dice que las autoridades del Ejecutivo disponen de la facultad legal de negar un pedido de extradición por incumplimiento de requisitos de forma (art. 12 de la Ley 23.719) antes de que el pedido sea enviado a la Justicia, o bien con posterioridad a una decisión positiva de ésta (art. 36 de la Ley 24.767,cuando existan razones de seguridad u orden público).

Despouy, un radical que es hoy el presidente de la Auditoría General de la Nación, aconsejaba dejar en manos de la Justicia la aplicación específica del principio de territorialidad o el que prohíbe el doble juzgamiento. Ocurre que la inseguridad jurídica en la Argentina obligó a tres gobiernos: Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, a ejercer la facultad otorgada por esas leyes, mediante el Decreto N° 1581 de diciembre de 2001 de rechazo a eventuales juicios en el exterior por delitos cometidos en territorio nacional, que ahora el ministro de Justicia, Gustavo Béliz, se propone revisar por instrucciones del presidente de la Nación.