Si habrá, como parece, una nueva ley de radiodifusión, uno deberá mirar no sólo al Congreso de la Nación. También, obligatoriamente, se deben poner los ojos en la Corte Suprema. Y pensar que el debate a encenderse no solamente alude a la hegemonía informativa; también a otros intereses. Este proyecto, al cual el gobierno le otorgaría prioridad -no olvidar que le atribuye a la prensa en general haber inclinado la opinión pública a favor del campo en la última crisis-, ofrece otros enigmas al margen del texto hasta ahora desconocido, en el que trabajan sin unidad de consenso el titular del COMFER, Gabriel Mariotto, y el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini.
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Se ha teñido hasta ahora la versión sobre la nueva ley con presuntos límites al poder monopólico de «Clarín» en radios, TV, agencias de noticias, diarios, etc. Sin embargo, aparte de la iniciativa en este sentido, el gobierno deberá resolver el rol de las empresas de telefonía fija y móvil en materia de radiodifusión que se encuentran en el expediente 33.789/07 tramitado en la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
Como se sabe, en un fallo reciente, esa sala confirmó una medida cautelar de acuerdo con lo solicitado por las empresas CableVisión y Multicanal («Clarín») y cuya fusión todavía no logró la aprobación de la Corte Suprema. En esa resolución, los camaristas les niegan a las empresas de telefonía básica (Telefónica y Telecom) tanto como a las de telefonía celular (la mexicana Telmex, entre otras) la posibilidad de «obtener licencia para otorgar servicios de radiodifusión dentro del marco regulatorio vigente». Allí se descubre un nudo que bifurca las opiniones oficiales: la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y el Comité Federal de Radiodifusión plantean la ilegalidad de las compañías telefónicas para brindar servicios de radiodifusión, mientras la Comisión Nacional de la Competencia justificó su dictamen aprobatorio de la fusión (CableVisión y Multicanal) abriendo la posibilidad de que las telefónicas presten servicios, lo que ampliaría a futuro la competencia en el mercado de las telecomunicaciones.
No está claro entonces cómo actuará el kirchnerismo en este sentido. No es lo único: tampoco se sabe quién defenderá el proyecto ante los legisladores (¿Alberto Fernández, Julio De Vido, el propio Néstor Kirchner que decidió encabezar la rebeldía?) o si el convencimiento es suficiente para establecer vetos si el proyecto no sale a la medida del gobierno. Por otra parte, no se sabe si saldrá antes la aprobación de la ley por parte del Congreso o habrá de ser la Corte Suprema la que se expedirá previamente en contra o a favor de la fusión monopólica de los cables. Confuso todo lo que se observa porque al margen del dominio de los medios, de la poderosa influencia que pueden disponer sobre la población quienes son voceros de una única opinión y de los medios que el Estado les facilite a organizaciones nuevas o cooperativas, subyace en este cuadro la batalla para el posible permiso a cederle a «Clarín» para que, tal vez, pueda ingresar al futuro accionario de Telecom.
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