Jefe porteño cree ser víctima del acoso de los kirchneristas

La dureza de Aníbal Ibarra con los piqueteros que le exigen tierras, no es tanta puertas adentro del gobierno porteño, que ya tiene planes de vivienda en marcha, donde incluso están en lista de espera grupos que protagonizaron la ocupación de un predio en la ciudad de Buenos Aires.

El gobierno nacional cree estar inmerso en una interna política, más distrital que federal, de la que el jefe de Gobierno intenta apartarse.

Se agrega la presunción sobre si Kirchner e Ibarra no han acordado jugar uno de blando y el otro de duro para sacar ventaja ante el público. El clásico 1-2. Ibarra insiste en que no aceptará métodos ilegales ante los incidentes de la ocupación, mientras que los funcionarios de su gestión persisten en que «los piqueteros están cambiando de método» y amparan al jefe porteño para que evite la imitación de la protesta que terminaría ocupándole la ciudad entera.

• Valor

El detalle es que ese grupo, Teresa Rodríguez, pretendió la cesión de tierras del ONABE -el ente que administra bienes del Estado nacional-a los que la ciudad de Buenos Aires pone valor cuando están en su territorio. Ese valor surge cuando la Capital Federal legisla sobre qué se puede o no construir en los diferentes barrios. Por eso hay varios convenios entre la Capital y el ONABE, como por ejemplo para mantener en condiciones determinados terrenos.

En épocas de Fernando de la Rúa, Nicolás Gallo había destinado esas tierras a un fideicomiso, cuando en realidad el ONABE debe intentar vender esos inmuebles. La Capital Federal podría decidir por ley que esos lugares debieran destinarse a espacios verdes, por ejemplo.

A Ibarra no se le escapa tampoco, que ese organismo, el ONABE, está a cargo de Fernando Suárez, un kirchnerista al que definen como «una mezcla de Alberto Fernández y Julio De Vido», en hermética referencia a sus afinidades políticas. El funcionario además mantiene aliados en el ala Carlos Kunkel -subsecretario de la presidencia-y demás setentistas nostálgicos, que han captado la atención de diarios cubanos.

El periódico digital «Adelante» en su sección Noticias de Camagüey y Cuba, rescata por ejemplo la conformación de un «nuevo movimiento de respaldo al actual gobierno» de Néstor Kirchner, denominado Corriente Nacional y Popular 25 de Mayo, al que parece adherir Suárez. Relata que uno de los dirigentes de la agrupación es Ricardo «Pacha» Velazco, esposo de Felisa Miceli, titular del Banco Nación, donde tiene despacho propio.

Esa sociedad alimenta el tema del ibarrismo que está ante un hostigamiento de sus adversarios en el distrito. Ese mapa desorienta a Ibarra, que de alguna manera participó en la reunión del gobierno con piqueteros, cuando un gerente de la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) de la Capital Federal se sentó a esa mesa de negociación de la cual los piqueteros se llevaron la promesa de tierras en la ciudad.

• Explicación

En la CMV que dirige Ernesto Selzser, aseguran que dentro del movimiento Teresa Rodríguez que pretende terrenos, «un grupo está constituido en cooperativa» y permanece en la lista para que se les otorguen créditos de hasta $ 42.000 a 30 años con pago de una cuota de $ 117 mensuales para la construcción de viviendas con planes de autogestión y supervisión del Gobierno de la Ciudad.

Por eso en la CMV no comprendían el campamento del fin de semana en tierras de Palermo de alto valor inmobiliario. Sin embargo, los mismos funcionarios desconocen al resto de la familias que se plegaron al reclamo.

En aquella reunión el representante de la Comisión municipal debió explicar al gobierno y a los piqueteros que los trámites estaban en marcha para la cooperativa en cuestión, dentro de los 2.200 créditos de ese estilo que entregará el gobierno de Ibarra.

Además, ayer, Selzser salió a explicar que comprarán 500 viviendas por un total de $ 27 millones para ubicar allí a las personas actualmente alojadas en hoteles que paga el gobierno porteño. Con esa licitación creará Ibarra un fondo de inmuebles estatales que irá dando a familias, pero la titularidad de la propiedad la tendrá el gobierno porteño, es decir que aseguran no las regalarán.