El afán del kirchnerismo para activar la intervención federal de la Justicia jujeña ya tiene su contraataque opositor: el radicalismo buscará blindar en el Congreso al gobernador, Gerardo Morales, con invitaciones para el lunes y martes próximo ante la inminente discusión del proyecto impulsado en el Senado por su rival político y personal de años, su cuñado Guillermo Snopek. El alerta corre por la posibilidad de aprobar el texto con mayoría simple en ambas cámaras -como corroboraron ayer varios legisladores a Ámbito Financiero-, por lo que el macrismo perdería con seguridad en el Senado y tendría que acoplarse a bloques menores no oficialistas para bloquear el texto en Diputados.
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La iniciativa, que plantea una intervención por 365 días, prorrogables por mismo plazo a través de una resolución del Poder Ejecutivo -quien tendrá la facultad de designar al eventual interventor-, tiene el camino para avanzar sin problemas el martes próximo en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la ultra-K María de los Ángeles Sacnun y con mayoría para dinamitar cualquier crítica de la oposición.
“El proyecto tiene un solo propósito: la impunidad a cualquier precio y la libertad de -la detenida piquetera- Milagro Sala”, disparó el jefe de Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenoff (UCR-Formosa), quien también dejó claro que la iniciativa es una “envestida institucional contra un gobernador opositor”.
Los artículos 3 y 4 del proyecto son contundentes en cuanto al objetivo del texto, ya que se declara “en comisión a los miembros del Superior Tribunal de Justicia, del Ministerio Público y a los Magistrados de los Tribunales Inferiores, de la provincia de Jujuy”, por un lado, y se impone que el interventor federal no podrá “ejercer por sí la función judicial”, pero tendrá “la facultad de suspender en sus funciones o de remover a los magistrados, funcionarios y empleados que integran el Poder Judicial y el Ministerio Público de Jujuy, y la de designar a sus nuevos reemplazantes en comisión hasta la normalización institucional del Poder Judicial”.
Desde la conducción nacional de la UCR se calificó a la iniciativa de “infundada y falaz”, y se advirtió: “Estamos dispuestos a defender, nacional e internacionalmente, los valores institucionales que dan origen, fundamento y funcionalidad a nuestra democracia republicana en defensa de la autonomía, gobernabilidad y respeto a los gobernantes elegidos por el pueblo, a nivel provincial y municipal, fundamentalmente los que pertenecen a nuestro partido y a la coalición política que integramos”.
Para Snopek, la intervención federal “resulta ser el único medio útil, necesario y eficaz con el que se cuenta para restablecer el funcionamiento de la Justicia, el cual es uno de los pilares fundamentales de la convivencia en comunidad”, y que el “avasallamiento no puede ser avalado por el Congreso de la Nación y se debe propugnar por el restablecimiento de las instituciones afectadas, a fin de salvaguardar los derechos y garantías constitucionales” del pueblo jujeño.
En los fundamentos del proyecto, el legislador K señaló: “Hoy, el Poder Judicial de esta provincia demuestra su total dependencia a los intereses del Poder Ejecutivo, que desde el año 2015 conformó los diferentes estratos judiciales a su discrecionalidad y necesidades políticas y personales. Llama la atención que a través del planteo de supuestos escenarios de crisis -como ser la Judicial en su oportunidad, la de caducidad de los mandatos, y ahora la de seguridad-, los Poderes Ejecutivo y Legislativo arremeten contra todas las garantías establecidas en la Constitución provincial y la nacional, siendo convalidadas las nuevas normas, por el Superior Tribunal de Justicia provincial”.
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