La justicia de Comodoro Py recibió una nueva denuncia penal para que se investigue la licitación pública por la Hidrovía, que menciona a funcionarios del Gobierno y empresas y se suma a la iniciada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)
Hidrovía: nueva denuncia penal contra funcionarios del Gobierno y empresarios
También se pidió frenar el proceso licitatorio, pero ello fue rechazado en otra causa.
-
Hidrovía: presentaron un proyecto en Diputados para anular el proceso de licitación
-
Escándalo Hidrovía: la Justicia investiga si hay una licitación direccionada
Alertan por una licitación con un solo corredor.
La Fundación por la Paz y el Cambio Climático presentó una denuncia penal para que se investigue una presunta maniobra de direccionamiento en la futura licitación de la Hidrovía, con acusaciones contra funcionarios nacionales, empresarios y empresas vinculadas al dragado del Paraná.
La presentación apunta contra Santiago Caputo, Luis Caputo, Gastón Benvenuto, Iñaki Arreseygor, las empresas Jan De Nul y grupo Neuss, entre otros.
La denuncia fue presentada por Fernando Miguez, titular de la fundación, junto con la abogada Marcela Scotti. Allí se habla de una supuesta “defraudación sistemática mediante el fraude a un estado” y se reclama una investigación por presuntos delitos de asociación ilícita, fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles y malversación de caudales públicos.
Según el escrito, la maniobra estaría relacionada con el nuevo esquema de concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay y tendría un perjuicio estimado en “u$s7.000 millones”.
La presentación sostiene que “la planificación estratégica se sitúa en la órbita de Santiago Caputo”, bajo la “supervisión jerárquica de Luis Caputo”, mientras que la “ejecución administrativa” recaería sobre Benvenuto e Iñaki Arreseygor.
Uno de los ejes centrales de la denuncia es la supuesta confección de un pliego “a medida” para favorecer a la empresa Jan De Nul, actual operadora del dragado.
El texto afirma que “la maniobra se materializa a través de un pliego diseñado con cláusulas de exclusión técnica”, particularmente la exigencia de “44 pies de calado inmediato”, condición que —según los denunciantes— “garantiza un oferente único”.
“Es una licitación con un solo corredor”, sostiene el escrito. Y agrega: “La única empresa que tiene hoy las dragas de succión por arrastre necesarias, que ya están en el río, que ya tienen la logística y que pueden cumplir con esos 44 pies mañana mismo, es la Compañía Sud Americana de Dragados. O sea, Jan De Nul”.
La denuncia también cuestiona el esquema de cobro del peaje. Según los denunciantes, el Gobierno buscaría que el concesionario privado vuelva a recaudar directamente los ingresos de la Hidrovía, desplazando a la Administración General de Puertos (AGP). “Estamos hablando de 500 millones de dólares al año. Si el privado cobra y el privado dice cuánto dragó, se acaba el control. Es la caja perfecta”, afirma el texto.
En otro tramo, el escrito asegura que “si algo funciona y da superávit, ¿por qué lo querés privatizar de nuevo? La única respuesta es la caja”. Y añade: “El Estado pierde la capacidad de saber qué pasa en el río. Pierde la soberanía económica sobre el principal canal de salida de nuestras riquezas”.
La presentación judicial también menciona supuestas reuniones informales en oficinas de Puerto Madero. “Se menciona que asesores directos de Santiago Caputo se habrían sentado con representantes técnicos de la Compañía Sud Americana de Dragados para ‘pulir’ las condiciones técnicas”, señala el documento.
Además, denuncia que habría existido una “purga silenciosa” de técnicos dentro de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Según el escrito, funcionarios “desplazaron a los cuadros técnicos que hacían las observaciones sobre los costos de dragado” para reemplazarlos por perfiles alineados con el nuevo esquema.
“La Hidrovía es el ejemplo más obsceno de cómo se maneja este Gobierno: con una mesa chica que decide por encima de las instituciones”, afirma la denuncia.
También sostiene que “no es una privatización mal hecha; es una privatización bien hecha para los fines que ellos buscan: el desfinanciamiento del Estado y la entrega de una renta extraordinaria dirigida a un grupo de amigos”.
Entre las medidas de prueba solicitadas, la fundación pidió el secuestro de borradores de los pliegos, auditorías sobre la rentabilidad de la AGP, pericias navales para determinar cuántas empresas podían cumplir con el requisito de los 44 pies y el relevamiento de comunicaciones y expedientes administrativos.
También reclamó una cautelar para frenar el proceso licitatorio. “Se dicte una medida cautelar de no innovar disponiendo la suspensión inmediata del proceso licitatorio de la Hidrovía hasta tanto se auditen los pliegos y se garantice la transparencia del proceso”, concluye la presentación.