Lejos de las estridencias de las causas mediáticas por corrupción, un expediente penal que se inició a través de una auditoría, derivó en una serie de procesamientos sobre exfuncionarios que formaban parte de una organización criminal enquistada en Vialidad Nacional que se valía de un sistema de cartelización de empresas, con retornos de dinero y falsificación de licitaciones. El juez federal Daniel Rafecas procesó a 17 exfuncionarios y proveedores de la Dirección de Vialidad Nacional (DNV), en una causa en la que investigan supuestas maniobras destinadas a manipular licitaciones privadas y contrataciones directas entre 2013 y 2015, informaron fuentes judiciales.
Durante la pesquisa se detectó “un sistema permanente de cartelización, con retornos, engaños y falsificación de documentación, en el marco de las licitaciones privadas y contrataciones directas”, sostuvo el juez, en la resolución conocida ayer y a la que tuvo acceso Ámbito Financiero.
Rafecas describió que detectó irregularidades sistemáticas en 167 contiendas de precios realizadas dentro del área identificada como Distrito Primero Buenos Aires, dentro de la DNV, las cuales totalizaron un monto adjudicado que supera los 36 millones de pesos, se precisó. En una resolución de más de 400 fojas, Rafecas apuntó a las licitaciones que habían sido convocadas entre 2013 y 2015 por el Distrito Primero Buenos Aires de Vialidad, con jurisdicción en la provincia de Buenos Aires.
“Dentro del Distrito Primero habría existido una asociación ilícita permanente y organizada entre funcionarios públicos y proveedores de esa repartición” dedicada a “fraguar contiendas de precios, anular competencia y adjudicar contratos a proveedores predeterminados”, determinó el juez. El origen de la denuncia no tiene conexión con la denominada causa “Vialidad” que está en juicio oral actualmente y con Cristina de Kirchner en el banquillo de los acusados por el presunto direccionamiento de obras públicas viales a las empresas de Lázaro Báez, en Santa Cruz. Sin embargo, comenzó también con un auditoría interna en la Dirección de Vialidad Nacional en 2017 por la gestión Cambiemos.
En la nómina de procesados están el exjefe de División Administración, Luis Daniel Lozano; la exjefa de la Sección Licitaciones y Compras, Galdys Pedernera; el exjefe de Servicios de Apoyo, Carlos José Santella; y el exsupervisor de la Sección Equipos y Talleres, Ricardo Guiamet. A ellos se los acusó de asociación ilícita junto a Cristian Fizzani y Paola Oviedo que figuraban como proveedores. En tanto, el exjefe del Distrito I, Leandro Sverdik –responsable político del área- fue encontrado responsable por el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Otra decena de personas fueron procesadas por fraude contra el Estado y falsedad de documentos públicos ya que simulaban ser proveedores de materiales y servicios.
La denuncia inicial apuntaba a 13 expedientes administrativos tramitados en la Dirección de Vialidad Nacional, pero la investigación detectó “irregularidades sistemáticas” en 167 contiendas de precios por un monto adjudicado total de $36 millones. Dentro del Distrito Primero habría existido “una asociación ilícita permanente y organizada, entre funcionarios públicos y proveedores, destinada a llevar adelante una actividad sistemática diseñada para perpetrar diversos hechos ilícitos como fraguar las contiendas de precios convocadas por esa repartición, anular la competencia, adjudicar contratos a proveedores predeterminados, cometer fraude en perjuicio de la Administración Pública y facilitar la conducta de proveedores corruptores”, indicó el fallo de Rafecas.
Falsificación
Se violó el régimen legal de las contrataciones “y por medio de engaños ilegales como la falsificación de sellos” y la “inserción de declaraciones falsas en instrumentos públicos” con intervención de altos funcionarios. Además, se identificó a un grupo afín de proveedores que se quedaban con los contratos de mayor monto y se vinculaban por lazos de parentesco (esposos, primos o cuñados que simulaban competir entre sí). Por otro lado, se falsificaron sellos de 50 empresas auténticas que no habían sido nunca convocadas a ofrecer servicios. Hasta hubo nombres inventados, con domicilios inexistentes. En el allanamiento a un proveedor se detectó que había una hoja manuscrita con los “retornos ilegales”, los montos y los funcionarios destinatarios.
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