El oficialismo debe ponerse de acuerdo para afrontar el Vacunagate y su estrategia judicial. Si Rodríguez Larreta pudo haber cometido delito al asignar partidas de la vacuna a sanatorios privados contrariando disposiciones y prioridades emanadas del Ministerio de Salud, es factible (con la misma lógica) que delitos penales similares pudieran haber sido cometidos por funcionarios de Salud que, fuera de las previsiones de esa cartera, vacunaron a una serie de personalidades, en apariencia, sin justificación. “Les pido a los fiscales y a los jueces que terminen con la payasada”, sostuvo el Presidente sobre la ausencia de tipificación para adelantarse en una fila. “No existe ese delito y no se puede construir”, vaticinó. La realidad podría discrepar. Y es lo que más le conviene al Gobierno para salir del pantano a nivel político: cauterizar la herida que provocó el affaire en su propio electorado, inclusive. Y recuperar la confianza en el objetivo primordial que es la campaña de vacunación masiva en la Argentina.

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