A días de cumplir 75 años, Martín Irurzun busca seguir en la Cámara Federal tras el rechazo a una cautelar. El juez deja un legado marcado por la polémica doctrina que lleva su nombre.
Irurzun cumplirá 75 años el próximo 18 de julio.
El juez de la Cámara Federal Martín Irurzun cumple 75 años el próximo 18 de julio, pero el Gobierno no solicitó un nuevo acuerdo para que continúe en su cargo. El magistrado recurrió a un par del fuero contencioso administrativo para obtener una cautelar, lo que fue rechazado.
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Artífice de las prisiones preventivas arbitrarias, Irurzun fue durante muchos años uno de los jueces con mayor influencia y más poderoso de los tribunales de Comodoro Py y más allá de esas puertas también.
Al frente de la Sala II de la Cámara, tildada desde tiempos memorables como la “sala buena”, Irurzun fue célebre por ser el autor de la controvertida doctrina que lleva su nombre.
Fue referente durante el gobierno de Mauricio Macri. Muchos jueces usaron y abusaron de la "doctrina Irurzun" a la hora de justificar el dictado de una medida de prisión preventiva en los casos de corrupción de exfuncionarios públicos.
Desde la detención del exministro de Planificación Julio De Vido, pasando por la de Amado Boudou en el caso Ciccone, la del exjefe de Legal y Técnica Carlos Zannini, y la propia ex presidenta Cristina Kirchner, como para citar algunos ejemplos, estuvieron enmarcadas en la "doctrina Irurzun".
Era el fundamento invocado por los jueces federales para ordenar detenciones de exfuncionarios que por sus "lazos de poder" podían entorpecer el avance de una causa.
El principio en el derecho argentino señala que la prisión preventiva es una medida excepcional y que toda persona debe transitar un proceso judicial en libertad, a menos que exista un riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación.
En 2017 un fallo de la Cámara Federal porteña impulsado por el mismo Irurzun cambió las reglas de la justicia.
La “doctrina Irurzun” cobró vida a partir de la resolución dictada el 17 de octubre de 2017, en el marco de la causa que investigaba presuntas maniobras fraudulentas relacionadas con los Yacimientos Carboníferos de la mina Río Turbio, donde estaba imputado el exministro De Vido.
Junto con el voto de su colega, Leopoldo Bruglia, Irurzun entendió que la libertad del imputado era un obstáculo para el desarrollo de la investigación. Consideró en aquel momento que la labor legislativa de De Vido, como Presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, era indicador de un “riesgo latente” que podía interferir con la causa.
La causa Ciccone fue una de las más utilizadas mediáticamente para golpear al gobierno kirchnerista y en particular al vicepresidente durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Se aplicó la doctrina célebre.
Las órdenes de arrestos por el Memorándum con Irán, con Cristina Kirchner incluida, pero con fueros, fueron firmadas por el juez Claudio Bonadio y ratificadas por la Cámara Federal.
En diciembre de 2017, el juez Bonadio ordenó las prisiones preventivas de varios exfuncionarios kirchneristas, entre ellos Carlos Zannini y Héctor Timerman, argumentando que su "poder residual" y sus vínculos nacionales e internacionales les permitían obstruir la investigación judicial.
En la causa por presunto encubrimiento, la medida también alcanzó a otros acusados como Luis D'Elía, Fernando Esteche y Jorge Khalil
Luego Irurzun ratificó su creación, aunque al juez le disgustaba que los medios lo hubieran hecho famoso por la doctrina que aún hoy lleva su nombre.
En diciembre de 2017, el juez Julián Ercolini procesó a Cristóbal López y Fabián de Sousa por defraudación, un delito excarcelable, ordenando su arresto por considerar que podían obstruir la Justicia dada su influencia empresarial.
Posteriormente, la otra sala de la Cámara Federal en la que no estaba Irurzun, revocó y dispuso sus liberaciones.
En el caso de López y De Sousa, el principal argumento para dictarles la prisión preventiva fue que su poder económico y sus maniobras, como intentar vender empresas que estaban inhibidas judicialmente, representaban una táctica de entorpecimiento.
En octubre de 2019, la Sala I de la Cámara Federal ordenó la excarcelación de ambos empresarios tras concluir que no existían riesgos procesales que justificaran mantenerlos en prisión preventiva.
Los fallos comenzaron a hablar de “poder residual y relaciones”. Irurzun argumentaba que el mero paso del tiempo o la pérdida de un cargo público no eliminan per se el riesgo procesal. Así en las resoluciones se evaluaba que los exfuncionarios mantenían una red de influencias, contactos y "lazos funcionales" creados al amparo del poder que aún estaban vigentes.
Irurzun también fue la cabeza de la oficina de escuchas de la Corte. Fue el presidente de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, el organismo de la Corte encargado de administrar las escuchas ordenadas por los jueces.
La DAJuDeCO quedó bajo la órbita de la Corte en 2016 tras ser transferida desde el Ministerio Público Fiscal. Irurzun fue designado primer director y ejerció ese rol durante años, lo que reforzó su influencia institucional.
Hace unos años se dio a conocer una foto en la que se veía a Irurzun con el principal operador judicial del macrismo, Fabián “Pepín” Rodriguez Simón.
A fines de 2018, “Pepín” fue filmado en un bar mientras se reunía con el entonces presidente de la Cámara. La foto de ese encuentro donde ambos tomaban café salió a la luz en los medios y a partir de ese momento, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) montó un operativo para lograr determinar quién había sido la persona que capturó la imagen.
Desde su asilo político en Uruguay, Pepín consideró que “siempre estuvo en contra” de las prisiones preventivas de la llamada doctrina Irurzun. Pero la foto parecía desmentir sus dichos.
Con el objetivo de perpetrarse en funciones, el camarista Irurzun presentó una medida cautelar autónoma ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 1.
Su planteo buscaba suspender los efectos del tercer párrafo del inciso 4° del artículo 99 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, que exige un nuevo nombramiento con acuerdo del Senado para que un juez continúe en funciones una vez cumplidos los 75 años.
Durante años rigió el criterio del fallo “Fayt”, que permitió al entonces ministro de la Corte Suprema permanecer en su cargo más allá de su edad.
Esa doctrina fue dejada de lado en 2017, cuando la Corte, en el caso “Schiffrin”, validó la constitucionalidad del límite de los 75 años.
Aunque Irurzun alegó que los precedentes de la Corte no tienen fuerza obligatoria, el Juzgado Contencioso rechazó su pedido.
El presidente no envió aún su pliego al Senado para obtener un nuevo acuerdo y continuar por cinco años más en la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.