Intentaba anoche el gobierno mejorar su relación con las provincias, complicada por la necesidad de negociar un nuevo régimen de reparto de impuestos con baja del gasto, condición lógica del FMI para un auxilio ante la crisis. Anoche, los gobernadores discutían los términos de un nuevo acuerdo que tiene un idea original: que la Nación tome a su cargo la deuda de las provincias y que éstas acepten una distribución de todos los impuestos sin piso de garantía. Algo que el FMI propuso y logró hace algún tiempo en Brasil para aliviar de sus deudas a los estados provinciales. Los peronistas cenaron en Olivos y reclaman más: una renegociación de la deuda con los bancos privados similar a la que tuvieron las empresas (1 a 1 y no 1,40, como propone el gobierno para no dar otro subsidio) o reclamos de algunas provincias como San Luis. Este estado tiene sus reservas en el "corralito" y reclama se le devuelvan en dólares, como fueron colocadas en el Banco Nación.
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A cambio de esa nacionalización de los compromisos, las provincias renunciarían al piso de coparticipación y lo recaudado (incluyendo el impuesto al cheque) se distribuiría según los porcentajes establecidos por la ley vigente desde la década de los años '80 (coparticipación secundaria, se llama en la jerga de los expertos).
Nacionalizada la deuda de las provincias, la Nación estaría en condiciones de emitir un bono cupón cero para colocar de manera más o menos forzosa ante los acreedores de la Argentina. Sería un título semejante al usado en el plan Brady que negoció el gobierno de Carlos Menem con la banca internacional.
La idea la negociaron en sedes paralelas los ministros Jorge Remes Lenicov y Rodolfo Gabrielli con técnicos del PJ y la UCR como Rogelio Frigerio III y Raúl Baglini.
Esa idea, según los participantes de esas negociaciones, tiene un antecedente más cercano que el Brady; se usó para descomprimir deudas provinciales en el Brasil cuando negoció su primer acuerdo que cerró en los finales de la década de los años '90. Gerenció esa salida la conocida delegada del FMI Teresa Ter Minassian, una italiana que tuvo departamento en Rio de Janeiro y hoy está en la División de Asuntos Fiscales.
La oferta del gobierno es que a cambio de dejar a las provincias sin deuda y aliviarlas en la reprogramación de sus economías, los gobernadores acepten un reparto de los impuestos, pero sin un piso mínimo de garantía como lo hubo (aunque incumplido) hasta ahora.
La idea era aceptada anoche por los gobernadores de la Alianza en una reunión paralela -y con una cena de urgencia- que mantuvieron con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en la Casa de la Provincia del Chubut. De ahí salieron con la idea de que la UCR dará el voto al presupuesto nacional que le reclama Duhalde a cambio de que acepten el acuerdo de coparticipación con una reserva: no hablar aún de baja del gasto provincial. Esto obedece a una hipótesis que le expuso Duhalde a Raúl Alfonsín y los «líderes» que no visitaron en Olivos la noche del martes: con el presupuesto aprobado el gobierno puede obtener ya alguna ayuda externa que le permita mejorar la demanda externa sobre las provincias.
Los aliancistas admitirían que no se reparta todo lo recaudado por impuesto al cheque, algo que no admiten los del PJ, que quieren se reparta todo.
En Olivos, en cambio, las cosas no eran fáciles para el gobierno ante sus correligionarios del peronismo: los delegados de las catorce provincias administradas por el peronismo endurecieron el gesto para discutir mejores condiciones. Mientras los aliancistas se conforman con que el reparto de la coparticipación primaria sea de 40% del total recaudado (incluyendo una parte del impuesto al cheque) los peronistas quieren que se eleve a 44%.
