Diego Chaher: "Por la privatización de AySA, el Tesoro recibiría como mínimo u$s500 millones"

El titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas reveló que en octubre podría concretarse la venta de AySA y que colocarán en el mercado las acciones del Banco Hipotecario, en poder del FGS. Aseguró que no "hay favoritismos" y que los contratos de concesión "están blindados a cualquier riesgo político".

Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas creada por el gobierno de Javier Milei

“Estamos recibiendo propuestas de inversores privados vía presentación de iniciativa privada” señaló Diego Chaher, a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía, en un reportaje concedido a Ámbito en el que analizó la marcha de las privatizaciones que el gobierno de Javier Milei tiene en carpeta.

El Gobierno prevé la venta de centrales, tanto termo como hidroeléctricas, y posibilidad de colocar -vía el mercado de capitales- acciones del Banco Hipotecario.

El proceso de privatizaciones está a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, la unidad creada en el ámbito del Ministerio de Economía para coordinar el proceso de reorganización de las empresas estatales que el Poder Ejecutivo acaba de prorrogar su mandato.

El Gobierno identificó un universo de 58 empresas con participación estatal y potencial para distintos esquemas de participación privada. Dentro de ese universo se definieron 31 oportunidades prioritarias, según indicaron a este diario.

Actualmente, existen 20 procesos en ejecución o próximos a lanzarse, en tanto que a la fecha ya se completaron 7 procesos

Entre los principales procesos ejecutados hasta el momento se encuentran:

• IMPSA: primera transferencia a inversores privados bajo la actual administración, incluyendo una reestructuración de deuda por u$s 576 millones.
• Centrales Hidroeléctricas del Comahue: adjudicación de concesiones de largo plazo, con 27 ofertas presentadas por 9 consorcios y un valor adjudicado de u$s 707 millones.
• Corredores Viales: adjudicación de más de 1.800 kilómetros bajo el nuevo esquema de concesiones.
• Transener: venta de una participación accionaria del 25%, con una oferta ganadora superior en más del 70% al precio base establecido.

El programa continúa con algunos proyectos ya en ejecución y otros que serán impulsados durante los próximos meses.

Privatizaciones en marcha

• AySA.
• Intercargo.
• Corredores Viales (etapas siguientes).
• Belgrano Cargas (inminente llamado)

Pero también se señalan que durante este año prevén lanzar privatizaciones de los siguientes activos:

• SOFSA
• ENARSA.
• Nucleoeléctrica Argentina.
• YCRT.
• Otros activos industriales.

A continuación, el diálogo mantenido con Ámbito:

Periodista: El ministro Luis Caputo anticipó que las privatizaciones generarán ingresos por u$s 2.300 millones durante este año y el próximo. ¿Cómo se logrará este objetivo?

Diego Chaher: Para este año ya tenemos planificados varios procesos. Lo que importa acá es cuándo ingresan los fondos para el Tesoro. AySA (Agua y Saneamientos Argentinos) ya está lanzada y tiene fecha de presentación de las ofertas para el 27 de agosto. Estimamos que en octubre pueda haber un cierre de esta privatización.

Prevemos el lanzamiento de otro capítulo de ENARSA (Energía Argentina S.A.) con las termoeléctricas, por lo menos dos de las cuatro, como para que la ejecución llegue este año.

Y también contemplamos volver a licitar hidroeléctricas como Futaleufú y Cabra Corral.

Son u$s 1.000 millones que ingresarían este año al Tesoro y 1.300 millones el próximo.

P.: ¿Y cómo se obtendrían esos 1.300 millones?

D.CH.: Los capítulos de energía, sobre todo ENARSA, tienen la posibilidad de cobro de un precio ya que tiene los gasoductos, además de las centrales termoeléctricas y las hidroeléctricas. En la previsión también puede estar la banca, por ejemplo, el Hipotecario.

P.: ¿Cuáles son las empresas que saldrán a licitación el año que viene?

D.CH.: El resto del paquete de las termoeléctricas y de las hidroeléctricas. También algún banco…

P.: Me decía el Hipotecario…

D.CH.: Si, más del 60% del paquete accionario del Banco Hipotecario que quedó pendiente. Parte de ese paquete está en el FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad). El control mayoritario en cuanto a equity sigue siendo del Ministerio de Economía, con lo cual es factible la venta a través del mercado de capitales.

P.: ¿Y en el caso de las energéticas?

D.CH.: Tenemos dos termoeléctricas que son la Almirante Brown y Vuelta Obligado, están los gasoductos y parte de la UTE que se tiene con YPF con la planta de regasificación.

Estos son los objetivos que se tienen para fines de este año y con ejecución para el primer semestre del que viene. Es que el proceso dura entre 4 a 6 meses hasta el momento de adjudicación.

Principales interesados

P.: ¿Qué interés está percibiendo por AySA y cuánto se estima que se podría obtener por su venta?

D.CH.: Hay siete oferentes inscritos como interesados, tanto nacionales como internacionales. A partir de la fecha del 27 agosto pasarían a ser oferentes en firme. Estimamos, cómo mínimo, unos u$s 500 millones.

P.: En medios empresarios se dice que hay favoritismo en las concesiones a grupos vinculados al gobierno, que se quedaron con importantes empresas energéticas. En círculos de las compañías de los Estados Unidos se argumenta que hubo favoritismos en la concesión de la Hidrovia ¿Qué asegura la transparencia de los llamados?

D.CH.: Lo que nosotros estamos implementando son reglas claras para todos los inversores, nacionales o extranjeros. Quizás se pueda interpretar que estamos siendo más proclives a favorecer a empresarios locales. Pero, la realidad es que hoy las participaciones de los inversores internacionales son limitadas. No hay un favoritismo, las reglas son claras para todos. Nacional o extranjero, acá no hay banderas de capitales de inversores.

P.: ¿Cómo garantiza la transparencia?

D.CH.: Favorecer a alguien es imposible. Tenemos un sistema completamente informatizado, no hay más licitaciones con papel. Todo está encriptado, ni siquiera la autoridad que está licitando puede manipularlo. Es un sistema donde todo se registra, nadie puede tocar nada que no quede registrado.

Con lo cual, estamos tratando de garantizar total transparencia en cuanto a los procesos. Un dato: ni siquiera estipulamos un precio para adquirir los pliegos. Puede participar cualquiera que acredite idoneidad y representación suficiente.

Resumiendo, el sistema de contrataciones es completamente digital, encriptado y trazable, lo que garantiza transparencia y elimina la posibilidad de manipulación o favoritismo.

P.: Muchas veces el direccionamiento se plantea desde los requisitos de la licitación…

D.CH.: La definición de los requisitos para ser admitido son analizados por distintas áreas del Estado. La Procuración del Tesoro, la secretaria Legal y Técnica del Poder Ejecutivo, todas las áreas jurídicas de los ministerios correspondientes a la licitación.

P.: Se puso en cuestión que el concurso para las centrales del Comahue (Alicurá, El Chocón- Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila) se realizó sin valuación y se dice que las empresas ofertaron valores muy inferiores al real. ¿Por qué no se fijaron precios base?

D.CH.: Es falso. Sí se evaluaron. Lo que pasa es que se trata de confundir a la gente diciendo que la evaluación no fijó un precio base. El Poder Ejecutivo puede elegir si pone un precio mínimo como base. Todas las empresas tienen valuación oficial y es un elemento que la Comisión Evaluadora toma en cuenta al recibir las ofertas para evaluar la oferta. No quiere decir que no exista, es un insumo del propio Estado para ver que las ofertas sean válidas desde el punto de vista de la razonabilidad del precio.

P.: Representantes gremiales denuncian que la tasación de Intercargo fue muy inferior al valor de la empresa. La licitación quedó desierta, ¿Cómo sigue el proceso?

D.CH.: La visión del sindicato es sesgada. Dijeron que estaba subvaluada, pero la realidad es la única respuesta correcta. ¿Cuál fue? que quedó vacante la licitación porque fijamos un precio base muy desafiante. Los inversores privados nos respondieron que no les interesaba, que preferían hacer un desarrollo propio.

Respecto al futuro, se está definiendo con las áreas. Hay distintos escenarios posibles. Pero siempre priorizando el sector de aeronavegación y el servicio aeroportuario por encima de la empresa. Ya hay 15 privados habilitados para operar, así que la decisión irá en esa dirección.

P.: ¿Los inversores nacionales o internacionales pueden traer algún proyecto?

D.CH.: Por supuesto. Estamos recibiendo propuestas de inversores privados vía presentación de iniciativa privada. Se analiza y, eventualmente, si esto es declarado de utilidad pública por el Poder Ejecutivo, se hace un concurso internacional dándole las preferencias del caso a quien trajo la propiedad intelectual, el promotor de la iniciativa.

P:. ¿Qué garantías tienen los inversores de que mañana no le cambiarán las reglas?

D.CH: Hay un cambio de paradigma, es una política a favor del mercado, del respeto a los contratos. Incluso los organismos multilaterales están ofreciéndole a los privados los financiamientos necesarios para las obras, porque los contratos de concesión están lo más blindados posible a cualquier riesgo político.