El jefe del
bloque radical,
el cordobés
Oscar Aguad,
fue el encargado
de embestir
contra las
retenciones
del gobierno al
campo. Lo
custodiaron
desde sus
bancas Pedro
Azcoiti y
Silvana
Giudici.
El jefe del bloque de Diputados de la UCR, Oscar Aguad, anunció ayer que su partido prepara un escrito para denunciar ante la Corte Suprema de Justicia un conflicto de poderes a partir del aumento del gobierno de las retenciones al campo en 44%. Los radicales, que cuentan con el apoyo de otros bloques opositores como el PRO de Mauricio Macri y la Coalición Cívica de Elisa Carrió, cuestionan que el aumento de las retenciones al campo haya sido elaborada a partir de una ley dictada por el gobierno militar de Juan Carlos Onganía que le quitó al Congreso la prerrogativa de fijar impuestos aduaneros.
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«Sin duda, las retenciones que plantea el gobierno resultan confiscatorias y ahogan a los medianos y pequeños productores. Hay que retrotraer la situación al inicio del conflicto», agregó la diputada bonaerense de la UCR, Sandra Rioboó, en alusión a otro proyecto presentado también en sociedad con el macrismo y la Coalición para dejar sin efecto el último aumento de retenciones anunciado por el ministro de Economía, Martín Lousteau. Esa iniciativa legislativa propone además crear una mesa de diálogo en el ámbito del Congreso.
Sin embargo, el kirchnerismo acató ayer la orden de la Casa Rosada de mantenerse firme con el aumento impositivo a los productores rurales y dejaron en claro en el recinto que el único canal posible de diálogo es con Cristina de Kirchner.
«Créase una Mesa de Diálogo en el ámbito del Congreso de la Nación con el objetivo de determinar los lineamientos de una política de mediano y largo plazo en materia agropecuaria. La misma deberá contar con la participación de miembros de ambas Cámaras en representación proporcionala los distintos bloques y de todos los sectores involucrados: Ministerio Nacional de Economía y Producción, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y las asociaciones representantes de los distintos sectores de la actividad agropecuaria», propone el proyecto que lleva la firma del macrista Federico Pinedo, del radical Aguad y del jefe de la Coalición Cívica, Adrián Pérez.
Competencia
Macristas, radicales y diputados de la Coalición de Carrió invocan el artículo 75 inciso 1 de la Constitución Nacional para reclamar la anulación del aumento a las retenciones decidido por la Casa Rosada. Ese apartado constitucional mencionado por toda la oposición establece: «Corresponde al Congreso: legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación».
Pero no se agotó allí la batería de proyectos de la oposición a favor de los productores rurales. La diputada de Recrear, Nora Ginzburg, pidió que el Congreso cite al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, para que concurra al recinto e informe sobre el enfrentamiento de piqueteros kirchneristas con manifestantes a favor del campo el martes a la noche en Plaza de Mayo y solicitó además el «más enérgico repudio» ante el esquema de retenciones que calificó de « inconstitucional».
A través de un proyecto de resolución la diputada denunció que una marcha piquetera convocada, transportada y encabezada por Luis D'Elía portando palos y aerosoles, violentamente marchó contra quienes pacíficamente se hallaban en la Plaza. «Cuando ello sucedió, la custodia policial se fragmentó, dejando liberada la zona en la que ambos bandos se cruzaron. Resulta inadmisible que la autoridad a cargo de la Seguridad de la Nación haya permitido semejante conducta por parte de D'Elía», destacó Ginzburg.
También el peronismo antikirchnerista de los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá se sumó a la pirotecnia contra el gobierno. Los diputados puntanos del Frente Justicia Unión y Libertad (Frejuli) presentaron su propio proyecto de resolución donde exigen que se considere que «ante esta circunstancia lamentable que ha provocado un quiebre en nuestra sociedad, de gravedad institucional, que afecta a todos y cada uno de los ciudadanos de la Argentina.»
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