La Cámara Federal de Paraná ordenó ayer al juez federal de Concepción, Guillermo Quadrini, que cite a declarar a los directivos de Botnia en el marco de la causa por «tentativa de contaminación» que iniciaron el ex gobernador Jorge Busti y su vice Pedro Guastavino en busca de una salida judicial al conflicto por la pastera.
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La acción penal por delito ambiental fue formulada hace dos años por el gobierno de Entre Ríos y la actual secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, por entonces constituida como abogada de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú.
Los directivos denunciados pertenecen a BOTNIA Fray Bentos S.A. ambas filiales uruguayas de Metsa-BOTNIA (Finlandia); Erkki Varis, presidente y gerente general de Metsa-Botnia; y en contra de todas aquellas personas que integran la comisión directiva de la empresa y en contra de todo otro responsable que surgiese de la investigación fiscal.
«Es la primera vez en la Argentina, que funcionarios de empresas internacionales son denunciados penalmente por contaminación ambiental. Y en caso de que no se presenten a declarar a la justicia, podríaser dictada una orden de detención para que la INTERPOL la haga efectiva», precisó Picolotti en diálogo con este diario.
Por su parte, Busti, que ahora preside la Cámara de Diputados entrerriana, se mostró satisfecho por la decisión judicial y aseguró que «son pequeños pasos en la larga lucha que vamos a sostener en defensa del medio ambiente».
La resolución señaló, además, que «no es posible obviar el lapso de tiempo transcurrido desde que se formuló la denuncia -el 19 de enero de 2006-, la profusa prueba dispuesta y las características de los hechos denunciados, que fueron transformándose y podrían corresponderse con un delito consumado».
La causa contra los representantes de la empresa es por «violación al Artículo 55 del Código Penal, en grado de tentativa», infringiendo la legislación nacional argentina respecto a residuos peligrosos (la Ley 24.051), a raíz de las actividades llevadas a cabo por la pastera de origen finés.
El artículo 55 de La Ley 24.051 establece que «será reprimido ...el que utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general...».
El fallo de la Cámara Federal de la ciudad de Paraná contó con lo votos a favor del presidente de ese cuerpo, Gabriel Chausovsky, y de la jueza subrogante, Lilia Carnero; aunque tuvo una disidencia, marcada por Guillermo Enderle, y un dictamen favorable del fiscal de Cámara, Ricardo Alvarez.
Entre los argumentos, los funcionarios judiciales argumentaron que en la causa «existen suficientes elementos que ameritan los llamados a indagatoria de los representantes de Botnia».
La fiscal federal de Concepción del Uruguay, María de los Milagros Squivo, había dictaminado en favor de la citación a indagatoria, pero esa resolución no había sido acompañada entonces por el juez Quadrini.
En ese momento, se denunció a Botnia -aún en etapa de construcción-por tentativa de contaminación, pero en los últimos meses se agregaron denuncias concretas sobre casos de intoxicación.
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