La titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, fue citada este viernes a declarar como testigo el próximo 26 de febrero en la causa que investiga el desvío de fondos del plan de viviendas Sueños Compartidos, por el cual ayer volvieron a ser detenidos los hermanos Sergio y Pablo Schoklender.
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Fuentes judiciales informaron que el juez Norberto Oyarbide hizo lugar al pedido del fiscal Jorge Di Lello y de otras partes para que cite a Bonafini y a otras integrantes de la fundación para que presten declaración testimonial por primera vez desde que se abrió la causa, hace dos años.
Por otra parte, la exministra de Economía de la Nación Felisa Miceli fue citada a indagatoria por Oyarbide en el marco de la misma causa por la que volvieron a ser detenidos los hermanos Pablo y Sergio Schoklender.
Al salir de su casa en el barrio porteño de Recoleta, Oyarbide no brindó detalles sobre el delito que motivó la citación de la exfuncionaria condenada a cuatro años de prisión a fines del año pasado por el hallazgo de una bolsa con dinero en el baño de su despacho en el Ministerio de Hacienda.
El juez les dijo a los periodistas que en la causa que investiga "hay muchas irregularidades que advierten organismos altamente capacitados".
Además, Oyarbide confirmó que Alejandra, la hija de Hebe de Bonafini, fue una de las 22 personas beneficiadas con la falta de mérito, al menos "transitoriamente", mientras que el caso de Miceli, que en la actualidad estaba colaborando con la Asociación Madres de Plaza de Mayo, no fue similar.
Asimismo, el juez federal explicó el porqué de las órdenes de detención que emitió y reveló que entre 2009 y 2011 los Schoklender manejaron unos 1.126 millones de pesos en la Fundación con la que deberían construir viviendas sociales.
En una resolución de más de 1.500 páginas, el magistrado indicó que los elementos probatorios fueron aportados por el Banco Central, la Auditoría General de la Nación y la división Patrimonios de la Policía Federal.
"El 30 de mayo de 2012 la Policía Federal advirtió sobre un déficit de 183 millones de pesos en la Fundación. El BCRA encontró que en los balances existían irregularidades que superan los 25 millones de pesos. El procesamiento también estipula una evasión impositiva de unos 146 millones de pesos", explicó Oyarbide en declaraciones a la prensa.
También indicó que según el relevamiento de la Auditoría General se hizo hincapié en determinados funcionarios públicos, entre los que se habría incluido a la exministra de Economía Felisa Miceli y por eso la razón de su indagatoria.
Además, el juez federal detalló que "se han hecho contrataciones en forma directa cuando esto está en oposición rigurosa a la ley de licitaciones públicas".
Respecto a la situación de los Schoklender, Oyarbide explicó que seguramente a través de la vía recursiva pedirán su excarcelación y la situación deberá ser resuelta por la Cámara de Casación.
En la víspera, Oyarbide había procesado a Sergio Schoklender con prisión preventiva como "jefe de una asociación ilícita" y "administración fraudulenta" y le trabó un embargo de 200 mil pesos.
La orden también recayó en el contador Alejandro Gotkin, socio de Sergio en la constructora Meldorek, sobre quien pesa un embargo de 150 mil pesos y quien, al igual que Pablo Schoklender, fue proceso como integrante de esa asociación ilícita que desvió fondos millonarios.
Los hermanos Schoklender fueron procesados por el desvío de unos 280 millones de pesos girados por el Estado que tenían como destino original la construcción de viviendas sociales pero que eran dirigidos hacia otros fines por medio de las empresas Meldorek SA y Antártica Argentina, ambas ligadas a Sergio Schoklender.
Por esta causa, Sergio, Pablo y el contador Gotkin ya habían estado presos: el año pasado, pasaron unos 50 días en la cárcel federal de Ezeiza y salieron en libertad en julio por decisión de la Cámara Federal porteña y tras pagar la fianza, que en el caso de Sergio fue rebajada de 4 millones de pesos a 40 mil.
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