El Gobierno regula la venta de vapeadores y nicotina

Con aval del Ministerio de Salud, la medida busca formalizar un mercado que operaba en la ilegalidad. Se prohíben saborizantes y se establecen estándares para la comercialización.

El Gobierno resolvió levantar la prohibición que regía desde hace más de diez años sobre la venta de productos de nicotina. A través de una decisión conjunta del Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y la Jefatura de Gabinete, se autorizó la comercialización de vapeadores, cigarrillos electrónicos, tabaco calentado y bolsitas de nicotina, siempre que estén debidamente registrados.

La normativa, publicada en el Boletín Oficial, apunta a “ordenar el mercado” de estos productos. Desde la cartera sanitaria sostuvieron que, pese a la prohibición, el consumo continuó: “se venden de manera ilegal, sin trazabilidad ni sobre su contenido y sin tributar”. En esa línea, remarcaron que “la prohibición no frenó el consumo: lo empujó a la informalidad”.

Datos de organismos públicos y entidades privadas coinciden en que alrededor de 45.000 personas mueren cada año en la Argentina por enfermedades vinculadas al tabaquismo. Además, advierten sobre una baja percepción de riesgo y un inicio cada vez más temprano en el consumo, impulsado por estrategias de marketing dirigidas a adolescentes.

En ese contexto, la nueva regulación incorpora restricciones: se eliminan los saborizantes en los líquidos para vapear y se fijan límites estrictos sobre ingredientes, niveles de nicotina y condiciones de ación.

Un informe de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar) —dependiente del Ministerio de Salud— relevó por primera vez en 2025 el uso de cigarrillos electrónicos en estudiantes secundarios. El estudio arrojó que el 35,5% de los adolescentes de 13, 15 y 17 años declaró haberlos consumido.

Ese dato se alinea con un relevamiento del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), que detectó que el 36,7% de los jóvenes de entre 12 y 17 años utilizó cigarrillos electrónicos y un 3,4% consumió bolsitas de nicotina.

Hasta ahora, el marco regulatorio estaba orientado a la prevención y reducción de daños, pero desde el Gobierno sostienen que los esquemas de prohibición total “terminan favoreciendo el mercado ilegal, sin controles ni estándares”.

Con la nueva disposición, se crea un registro obligatorio: las empresas deberán declarar la composición de los productos, cumplir estándares de calidad, garantizar su trazabilidad y asumir responsabilidad sobre su comercialización. “Solo podrán venderse productos registrados”, enfatizaron desde Salud.

Desde el Ejecutivo señalaron que la medida permitirá contar con “herramientas concretas para controlar, fiscalizar y sancionar”, frente a un escenario actual que calificaron como “consumo masivo en un mercado completamente en negro”.

En paralelo, el Ministerio de Economía destacó que la regulación permitirá incorporar estos productos al circuito formal y que comiencen a tributar, dejando atrás un esquema dominado por el contrabando.

En términos sanitarios, la cartera que conduce Mario Lugones aseguró que se interviene sobre un consumo ya extendido, especialmente entre jóvenes, que hasta ahora se desarrollaba sin ningún tipo de control sobre su composición u origen.

La normativa también prohíbe “cualquier elemento que aumente el atractivo del producto”, en referencia a los saborizantes, considerados un factor clave en la captación de menores.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la nicotina es altamente adictiva y favorece la dependencia, especialmente en adolescentes. En ese marco, el Gobierno aclaró que la medida “no promueve el consumo, sino que busca dejar de ignorar una realidad existente”.

Otro de los argumentos oficiales es que la regulación podría reducir la exposición al humo del cigarrillo tradicional, asociado a enfermedades graves. En ese sentido, mencionaron experiencias internacionales como las de Estados Unidos, Suecia y Japón.

Finalmente, desde el Ejecutivo plantearon que la iniciativa apunta a generar condiciones para que los fumadores migren hacia alternativas potencialmente menos dañinas, con menor impacto en terceros no fumadores.