El fiscal federal Jorge Di Lello pidió el sobreseimiento de la presidente Cristina de Kirchner, en una causa en la que es investigada por su presunta participación en actos electorales durante la veda de los comicios de junio de 2009.
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Así lo hizo mediante un dictamen presentado ante la jueza federal con competencia Electoral, María Servini de Cubria, a quien pidió que adopte "un criterio liberatorio, disponiéndose el sobreseimiento" de la Presidente.
En su escrito, Di Lello aseguró que "ni la presencia de la señora Presidente en la inauguración de las obras las transformaba en 'públicas' ni las características de la dirección y ejecución de aquellas estaban dentro del ejido de la administración, como para avizorar que podría existir de antemano una finalidad electoralista".
Para el fiscal, "las obras inauguradas tenían indefectiblemente una proyección o beneficio para algunos usuarios", y "la actividad presidencial no estuvo orientada a darle un carácter institucional y, como se acreditó, pertenecían al ámbito privado".
En su escrito, Di Lello analizó las disposiciones del Código Electoral que prohíben "la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo".
Así, tras pedidos de informes a la presidencia de la Nación y a las empresas organizadoras de esos actos que tuvieron lugar previo a las elecciones del 28 de junio de 2009, el fiscal consideró que fueron emprendimientos "privados", incluso que ninguno de ellos "fue organizado por organismo o ente estatal".
Incluso, tuvo en cuenta informes de esas empresas que dieron cuenta que los actos se llevaron a cabo "sin que se vieran involucrados bienes o decisiones estatales que pudieran comprometer o tener una finalidad electoralista".
La denuncia contra Cristina de Kirchner había sido realizada por el abogado Ricardo Monner Sans, quien había acusado que "la esposa del primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires está participando en actos, anunciándose más actividades políticas durante el lapso prohibido".
Todo ello, según lo había denunciado el letrado, fue realizado una semana previa a las elecciones de junio de 2009.
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