Hebe de Bonafini se sumó a la convocatoria a una marcha hoy en la Plaza de Mayo para respaldar al gobierno y dijo que el paro del campo, que lleva dos semanas, lo hacen «los mismos que dieron el golpe cívico-militar de 1976». «Estamos viviendo un momento muy difícil porque los que hoy protestan por las retenciones son los mismos que golpearon las puertas de los cuarteles, los mismos que dieron el golpe cívico-militar de 1976», afirmó en la Casa de Gobierno, donde la recibió Cristina de Kirchner.
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Sostuvo que se trata de «los mismos que se enriquecieron con la dictadura, que cambiaron el sistema económico porque no les venía bien a los ricos, a los dueños de la tierra, a las multinacionales, a Estados Unidos».
De paso, criticó a Elisa Carrió, quien cuestionó la postura del gobierno ante el conflicto. «Carrió, que perdió las elecciones, encontró el momento para hacerse notar y llamó a la gente para aportar al golpe. Carrió siempre fue golpista, como todos los de la oligarquía argentina, que también son gorilas y no aceptan que un gobierno peronista tenga tanto apoyo», aseveró.
La Presidente halagó a la activista y emprendedora inmobiliaria Bonafini con la firma de cinco proyectos de ley para reformar el Código Procesal Penal que se enviaron al Congreso Nacional, con el objetivo, entre otros, de agilizar las causas penales y evitar las dilaciones de la Justicia.
Del encuentro participaron varios Fernández más ( Alberto y Aníbal), Estela de Carlotto; el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; la diputada Victoria Donda Pérez, y el legislador Juan Cabandié, además de otros integrantes de organizaciones de derechos humanos y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini.
La primera iniciativa está vinculada con el establecimiento de las recompensas para aquellas personas que puedan aportar datos sobre causas o prófugos de la Justicia. «En este caso, no sólo se prevén los recursos económicos para las recompensas, sino que además se creará una unidad especial para la búsqueda de acusados en causas de violaciones a los derechos humanos», explicó Zannini.
La segunda reforma que se busca introducir a los procesos penales tiene que ver con los recursos dilatorios existentes en la Justicia, como los recursos judiciales. «Se reformará el artículo 346 del Código de Procedimiento Penal para que los recursos no impidan la elevación a juicio de las causas penales», explicó Zannini.
El tercer proyecto está vinculado al establecimiento de la oralidad de los recursos para acotar los tiempos de la Justicia, y en ese sentido el funcionario adelantó que «prevé la creación de una agencia especial para la concreción de las audiencias orales».
Asimismo, el cuarto proyectovinculado al anterior tiene como objetivo evitar la acumulación de causas penales, por lo que Zannini indicó que «para ello se creará la Cámara de Casación Nacional», que tendrá jurisdicción sobre los juzgados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esa ciudad se desempeñarán los juzgados nacionales y allí serán juzgados si delinquieran. Todo una novedad jurídica.
De esta manera, la actual Cámara de Casación « quedará para el resto de las causas nacionales», agregó el secretario.
El quinto proyecto estipula la subrogancia para los tribunales orales federales. «Con este proyecto se trata de dotar al Ejecutivo y a la Justicia de elementos para agilizar a la Justicia», afirmó el funcionario.
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