Unos 330 empresarios pymes transmitieron ayer a los miembros de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados su preocupación por el aumento de la litigiosidad judicial en el campo de los accidentes laborales y solicitaron una mayor participación en el diseño de un proyecto de ley integral para el sector.
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Encabezados por la Mesa de Industriales Bonaerenses (MIB), cuya coordinación está a cargo de Daniel Rosato, la comitiva empresarial presentó además una serie de propuestas dirigidas a mejorar la competitividad y solucionar problemas que ponen en peligro la continuidad de muchas pequeñas y medianas industrias.
El empresario alertó a los legisladores sobre los efectos "devastadores" que tiene para las pymes industriales el crecimiento de la judicialización que se observa particularmente en materia de accidentes laborales, pese a que la siniestralidad se redujo de forma sustancial durante los últimos años. "Los famosos caranchos en complicidad con los jueces, que fallan siempre en contra del empleador, generan demandas exorbitantes que las pymes no pueden afrontar", puntualizó.
Además, Rosato y el resto de los empresarios explicaron a los legisladores que se han incrementado notoriamente las alícuotas que las Administradoras de Riesgo de Trabajo (ART) le cobran a las pymes, al pasar de representar entre el 3 y el 5% de la masa salarial hasta alcanzar en la actualidad entre el 10 y el 20%. "Esto sumado a los juicios por las demandas de los caranchos y la industria del juicio generan costos desproporcionados para las pymes, que están muy lejos del 3% que se paga en otros países", subrayó.
Los empresarios fueron recibidos por el diputado del Frente Renovador y titular de la Comisión de Industria, José Ignacio De Mendiguren y por legisladores del Frente para la Victoria, el bloque oficialista Unidos-PRO, el Partido Justicialista, Compromiso Federal y Libres del Sur. Asimismo, estuvieron presentes Sergio Massa, Margarita Stobizer, Marcos Lavagna, Victoria Donda, Nicolás Massot, Axel Kicillof, Mario Negri, Mirta Tundis, Gilberto Alegre, entre otros.
Por su parte, De Mendiguren señaló que "en la industria hay menos siniestros pero más juicios. Las pymes son el motor de nuestra economía, generan el 51% del empleo formal en nuestro país y el 70% del empleo total. No podemos seguir sometiéndolas a una tormenta perfecta que incluye: subas de tarifas, altísimas tazas de interés, caída del nivel de actividad y un aumento progresivo de la litigiosidad laboral".
Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre los años 1996 y 2015 la tasa de siniestralidad industrial sufrió una reducción del 42%. Y esa reducción se produjo en el marco de la expansión de un 30% del empleo industrial. La cantidad de demandas pasó de 3000 a 80.000 por año y hoy existe un costo anual de u$s 2.400 millones más u$s 700 millones que se gastan en peritos y abogados.
Pero los juicios, por el contrario, aumentan. Entre 2011 y 2015, la litigiosidad subió cerca de un 80%. "La situación al día de hoy es preocupante: hay aproximadamente 5.000 millones de dólares en juicios y un stock de 300.000 juicios", señaló De Mendiguren. "El problema se agrava porque aunque las demandas son a las ART, los sobrecostos se trasladan a las empresas a través del incremento de las alícuotas del seguro".
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