Se votó fecha comicial pero no cuándo asume ganador

• ¿Puede un presidente asumir el 25 de mayo si la segunda vuelta electoral -un hecho que nadie descarta en las próximas elecciones-es una semana antes, el 18 de ese mes? ¿Puede hacerse el escrutinio provisorio, el definitivo, la oficialización del resultado, todo en cinco días hábiles? La idea de Ramón Puerta, responsable ideológico del nuevo cronograma, fue reforzar la autoridad política del actual y del futuro presidente. Pero este apretujamiento de fechas no ayuda en nada a eso, ni con la disculpa de que un ballottage enfrente a dos candidatos en un conteo más bien simple.

• Ese designado sería menos peleado que los anteriores; como estaría por dos o tres semanas, se apelaría al escalafón, a la «línea» del Congreso. Un Juan Carlos Maqueda (si para esa fecha no está ya en la Corte Suprema de Justicia), un Eduardo Camaño, un Antonio Cafiero. Ese sustituto no podría quedarse hasta el 10 de diciembre, como sueñan los suplentes -si la ley es avalada en estos términos por los Diputados-. La Constitución, artículo 88, dice que un presidente electo debe asumir cuanto antes. Si no puede el 25 de mayo, podía ser el 20 de junio, Día de la Bandera, o el 9 de julio, fecha patria mayor.

• Esta Ley 25.611 la imaginaron los asesores de Fede-rico Storani en el año 2000 para otro país. Gobernaban los radicales y apostaban a la bonanza que llevaría a un Fernando de la Rúa a un segundo mandato en 2003. La forma de quebrar el espinazo al aparato del peronismo, creyeron, era esta norma que mandaba a todos los partidos a una elección abierta el mismo día, elegido además por el propio presidente. El proyecto fue al Senado y lo mejoraron las expertas de esa cámara en temas electorales (María Paula Rennert del peronismo; Delia Ferreyra Rubio, de la UCR). Cuando Duhalde empezó la transición, pidió nuevas reglas y apuró a que se la convirtiera en ley.

• Duró poco el entusiasmo: se vetó el uso del padrón nuevo, uno de los aportes más grandes de esa idea, superar los listados partidarios amañados y nunca actualizados desde 1983, poblados de votantes fantasma. Lo reglamentó mal el gobierno habilitando, lo que se llamó el «voto travesti» (que militantes de un partido influyan en la elección ajena), lo enmendó un juez Abel Cornejo, de Salta, repecharon afiliados del PJ porteño y terminó avalándolo la Cámara Electoral hace una semana. No bastó para vencer la razón de Estado que manda esta buena idea, aunque mal tramitada, al desván.