La interventora del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) afirmó estar dispuesta a renunciar a su cargo de diputada nacional si eso ayuda a "terminar con las mafias" de esa organización gremial, y reafirmó su intención de transformar al SOMU en un "sindicato modelo".
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"No me van a sacar del camino los que estafaron a los marineros durante más de 20 años. Ni lo sueñen", aseveró la legisladora e interventora judicial, en declaraciones formuladas a la Revista Puerto, difundidas por la propia intervención a través de un comunicado de prensa.
Allí, Gladys González fue categórica al señalar que "no hay incompatibilidad entre una tarea y otra porque no se colisionan dos poderes del Estado" y sostuvo que, en caso de que se le ordenara "tener que optar por seguir con la intervención o ser diputada", no tendría "ninguna duda" de elegir "seguir al frente de la intervención".
"Vamos a hacer un sindicato modelo y a terminar con la mafia que estafó por muchos años a sus propios afiliados", aseveró la legisladora, quien aclaró que, como interventora del SOMU, lo que percibe es "por gastos de representación remunerativos" pero "no sueldo, ni aguinaldo ni vacaciones".
En este marco, aclaró que "esos gastos de representación no salen de fondos del Estado sino de fondos del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos" y recordó que el caso de diputados de la Nación que, como gremialistas, "siguieron desempeñándose como secretarios generales de sus sindicatos".
De esta forma, la interventora del SOMU salió al cruce de denuncias formuladas en su contra por su doble rol de legisladora e interventora del gremio cuyo histórico titular, el Omar "el Caballo" Suárez, fue procesado en el marco de una causa que tramita el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien dispuso la intervención del sindicato el 18 de febrero pasado.
"Los denunciantes son los mismos que me amenazaron en Corrientes, los mismos que intimidaron a los abogados que designamos en Corrientes y que vienen extorsionando y amenazando a los marineros condenándolos a no subir a los barcos sino les pagaban un peaje, quitándoles su derecho al trabajo", señaló Gladys González en las declaraciones difundidas hoy a través de un comunicado.
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