El juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Russo suspendió ayer las indagatorias a la carrioísta Margarita Stolbizer; a la socialista María del Carmen Alarcón, y a los ruralistas Eduardo Buzzi y Mario Llambías, que iban a comenzar hoy luego de que fueran imputados por haber cortado la Ruta 9 en marzo pasado.
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A pesar de la suspensión de las declaraciones, después de la fatídica madrugada del jueves pasado para el kirchnerismo, la Justicia parece encaminarse a juzgar sólo los exabruptos del sector campestre pero no los de los activistas K.
A las dirigentes opositoras y rurales se les imputa haber participado de cortes en San Pedro hacia finales de marzo, cuando el conflicto con el campo llegaraa la máxima tensión por la implementación de las retenciones móviles fijadas por decreto presidencial
Nuevas fechas
En ese sentido, el juez Villafuerte Russo hizo lugar al pedido del abogado del presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Aldo Balassone, quien pidió postergar la fecha de indagatoria para poder acceder a nuevo material de prueba que hay en el expediente.
De esta manera, el juez suspendió la totalidad de las indagatorias y en los próximos días fijará las nuevas fechas.
Además de Stolbizer, Alarcón y Buzzi (Federación Agraria), el presidente de la Sociedad Rural de San Pedro, Raúl Victores; el titular de la Federación Agraria de San Pedro, Silvio Corti; el presidente de la Sociedad Rural de Baradero, Luis Ducre; y el intendente de San Pedro, Mario Barbieri, son los principales imputados que entre hoy y pasado mañana estaban citados a declarar.
A todos ellos se los imputa por el artículo 194 del Código Penal tras haber participado de varios cortes en la Ruta 9 entre el 19 y el 29 de marzo.
«El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua, o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años», establece ese artículo.
Hasta el momento, el juez Villafuerte Russo observó varias filmaciones de medios de comunicación que reflejaron las jornadas de protesta y, además, tomó declaración testimonial a jefes policiales de las localidades de San Nicolás y San Pedro, quienes aseguraron que ninguno de los imputados les pidió autorización para realizar aquellos actos sobre la Ruta 9.
En tanto, cuando los kirchneristas plantaron el camping circense en la Plaza del Congreso, el reclamo del Gobierno de la Ciudad de que debían pedir autorización para asentarse fue desautorizado por el gobierno nacional, que prefirió no sacar a las calles a la Policía Federal ante el pedido de ayuda macrista.
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