Tensión hoy de militares con Kirchner

En un clima de tensión Néstor Kirchner presidirá hoy la tradicional cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, cuya organización quedó este día en manos de la Fuerza Aérea. El clima es tenso por el malestar por el debate sobre las leyes de Punto Final y Obediencia Debida; y las detenciones ordenadas por lo ocurrido hace 30 años en el Chaco, cuyas primeras comparencias fueron anunciadas para el próximo jueves.

El ministro de Defensa, José Pampuro, en reiteradas oportunidades ha manifestado que estos temas generan preocupación en las filas de las Fuerzas Armadas. Sin embargo no han ayudado a calmar esa preocupación dos visitas: una la mesa del Diálogo -facilitada por la buena relación que mantiene con Julián Domínguez, secretario de Asuntos Militares-, que se comprometió a acercar propuestas para convertir la Defensa en una política de Estado. Algo que aparece punto menos que incomprensible para mandos y cuadros de las FF.AA. que señalan que los temas de defensa nacional deben ser encarados por quienes saben de ésto; más aún si se piensa en políticas permanentes. La otra es la del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que preside el activista de izquierda Horacio Verbitsky. Que aparece como una suerte de celador del gobierno. De hecho fue quien denunció la designación del abogado Carlos Sánchez Herrera como Procurador del Tesoro, provocando su ida del gobierno siendo un hombre de la confianza del Presidente.

En Defensa ésto es explicado señalando que el ministro (Pampuro), necesita «reunir consensos» para poder avanzar en las propuestas de transformación «que requieren de fondos para poder hacerse» puntualizan. Algo que ya está desarrollado en un trabajo académico hecho por la jefatura de Gabinete el año pasado. Es decir reunir apoyos para llegar respaldado ante el Presidente y las comisiones de Defensa de Diputados y el Senado.

El otro tema que preocupa es la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte, de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final aprobadas en 1987. A esta última alternativa aseguran que apuntó el canciller Rafael Bielsa, que en su momento dijo que las extradiciones debían ser dejadas en manos de la Justicia. Es decir que a partir de esa declaración de inconstitucionalidad, los jueces podrían iniciar los procesos de juzgamiento -restándolo al interés de otros países por hacerlo-, o dando vía libre a la extradición, que en última instancia debe ser una decisión política del gobierno; en este caso de la cancillería. Por esta razón el cúmplase final lo tiene el Presidente. Otra cuestión conexa es la anunciada decisión del gobierno de derogar el decreto que rechaza la extradición de militares argentinos, para que sean juzgados en el exterior. Se trata del decreto 1581 que fue firmado hace dos años por Fernando de la Rúa, quien dispuso que el Estado rechace cualquier pedido de extradición de represores solicitado por un juez extranjero.

En cambio Kirchner no opuso resistencia a que el capitán de corbeta (R) Ricardo Cavallo fuera extraditado de México a España.