Tucumán: promueven cambios a Ley de Lemas

El vicegobernador tucumano, Fernando Juri, anticipó hoy que el justicialismo promoverá la modificación de la polémica Ley de Lemas, que en las últimas elecciones provinciales posibilitó la participación de más de 37 mil candidatos por la inscripción de 1.700 sublemas.

"No es nuestra intención vetar la ley, pero sí acotarla y perfeccionarla. Para ello, no es necesaria la modificación de la Constitución provincial, pero sí una norma", aseguró a la prensa el presidente de la Legislatura provincial.

Juri aseveró que, mediante la intervención de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, que encabezan los justicialistas Rodolfo Ocaranza y Antonio Raed, respectivamente, debe darse "un fructífero debate que concluya en un mejor sistema".

Por su parte, el ministro de Gobierno tucumano, Edmundo Jiménez, afirmó que el gobernador, José Alperovich, cumplirá con su promesa de modificar la Ley de Lemas, para lo cual "se convocará a los sectores políticos y académicos de la sociedad para que debatan sobre los cambios necesarios".

En los comicios del 26 de junio pasado, hubo una fuerte polémica en torno a la Ley de Lemas (se aplica para la elección de legisladores y concejales) hasta el punto de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo ordenó que se le hiieran modificaciones a fin de ampliar los requisitos para la conformación de un sublema.

Hoy, la Ley de Lemas permite que un ciudadano, con sólo reunir 300 firmas en la capital y 150 en las secciones este y oeste de la provincia, pueda postularse para ser legislador o concejal en alguno de los 19 municipios de la provincia.

Cada vez que hay una elección, partidos como el justicialismo conforman grandes lemas -sólo uno es el candidato a gobernador y a intendente, según el caso- con numerosos sublemas, que, a su vez, tienen sus postulantes a legisladores y a concejales.

Otra de las propuestas que motorizará el Poder Ejecutivo será la integración del Tribunal Constitucional (órgano previsto en la Carta Magna de 1990 para la resolución de conflictos entre los poderes del Estado y para la anulación general de leyes que se opongan a la Constitución) que nunca llegó a ponerse en marcha. "No sabemos si es bueno o malo el tribunal, pero está en la Constitución y hay que respetarlo. El gobernador se propuso reestablecer la legalidad en la provincia y esta es una forma de hacerlo", aseguró Jiménez.

El funcionario reconoció que están estudiando si la integración del Tribunal Constitucional -sería formado por cinco miembros elegidos por los poderes Ejecutivo y Judicial- requiere de una ley en particular o si basta con lo que al respecto dispone la Carta Magna provincial.