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17 de septiembre 2015 - 11:01

"Un fallo de imposible cumplimiento sin caer en la acefalía"

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El gobernador de Tucumán, José Alperovich, consideró que el fallo de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que anuló el comicio es un "atentado a la democracia" y aseguró que "es imposible llamar a nuevas elecciones en 40 días". 

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Durante una conferencia de prensa brindada en la Casa de Gobierno provincial, Alperovich explicó que para realizar una nueva votación como ordenaron los camaristas se necesitan 90 días. "Es de imposible cumplimiento el fallo sin caer en acefalía", sostuvo el mandatario tucumano, quien explicó que a partir del 28 de agosto "acá no quedará un delegado, ningún intendente, ni un legislador ni concejal y tampoco un integrante del Poder Ejecutivo". 

Los mandatos del saliente Alperovich y de todos los intendentes, legisladores y concejales provinciales finalizan el 28 de octubre y esta sentencia encamina la situación a una posible intervención, si la Corte tucumana o la de la Nación no revierten la anulación. 

"Es un atentado a la democracia, la decisión de los jueces fue por cuatro notas periodísticas", enfatizó el gobernador. "Repito, este es un atentado la voluntad popular de todos los tucumanos, de los que votaron para un lado o para otro. ¿Dónde hubo fraude? Es imposible hacer trampa con 110.000 votos de diferencia, todas las urnas se abrieron y se corroboró, con la firma de los fiscales de la oposición", subrayó. 

Asimismo, señaló que desde el Frente para Victoria no se quedarán de brazos cruzados y reveló que el candidato ganador según los escrutinios definitivos y provisorio, Juan Manzur, viajó a Buenos Aires para analizar los pasos a seguir con funcionarios nacionales. "Viajó esta mañana y se reunió con Carlos Zannini, secretario de Legal y Técnica de la Nación, y Julio Alak, ministro de Justicia y Derechos Humanos", comentó.  

También informó que recibió un llamado del presidencial del FpV, Daniel Scioli, y otros gobernadores que le alertaron que "esto puede suceder en cualquier lado".

Para tomar esa decisión, , los magistrados cuestionaron la integración de la Junta Electoral Provincial, las prácticas clientelares para conseguir votos que registrarn los medios, los hechos de violencia y quema de urnas, los cambios de domicilios falsos para llevar votantes de un pueblo a otro y la falta de custodia de las urnas.

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